En un reciente evento celebrado en Madrid, se ha formalizado un nuevo acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Igualdad que promete transformar la manera en que se aborda la violencia de género en el sistema judicial español. Este compromiso se hizo evidente durante la firma de un convenio por parte de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, y Ana Redondo, ministra de Igualdad.

De acuerdo con la información proporcionada por el CGPJ, el propósito de esta iniciativa es implementar las medidas que fueron parte del Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuya revisión y renovación recibieron luz verde en el Congreso en febrero de este año. Este pacto busca afianzar los esfuerzos en la lucha contra este tipo de violencia, además de actualizar la capacitación de los profesionales del ámbito judicial.

El convenio establecido tiene como prioridad facilitar la colaboración entre ambas instituciones para llevar a cabo actividades formativas dirigidas a los jueces y magistrados en relación a las temáticas abordadas en el Pacto de Estado. Según la legislación vigente, dichas actividades estarán coordinadas bajo la supervisión del CGPJ, garantizando así un enfoque riguroso y especializado.

En línea con los compromisos internacionales, particularmente el Convenio de Estambul, el CGPJ ha subrayado la importancia de abordar diversas formas de violencia contra las mujeres. Esto incluye no solo la violencia física y sexual, sino también aspectos como la mutilación genital, el matrimonio forzado y diversas formas de acoso. La formación se orientará además a la detección de estas violencias en contextos familiares y a mejorar las técnicas de declaración para las víctimas, resguardando su bienestar y evitando la revictimización.

Asimismo, el CGPJ ha destacado que otro de los objetivos es dotar a los profesionales del derecho de conocimientos específicos sobre cómo la violencia de género afecta a las mujeres migrantes. Este enfoque integral se complementará con una expansión de la formación obligatoria para aquellos que intervienen en procesos judiciales que involucran a menores, reafirmando así el compromiso con la justicia y la protección de los más vulnerables.