Díaz Pico critica la falta de neutralidad ideológica en la Seminci
El consejero de Cultura de Castilla y León critica la falta de neutralidad ideológica en la Seminci y la gestión de ayudas del Gobierno central.
El consejero de Cultura de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha señalado que la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) necesita mejorar en su neutralidad ideológica. En 2023, el festival recibe una aportación autonómica prevista en los presupuestos de 2027, aún en trámite parlamentario.
El responsable autonómico lamenta que en el certamen no se aborden temáticas históricas relacionadas con la presencia de España en el mundo, y que en su lugar se favorezca un cine más segmentado ideológicamente. Además, manifestó su interés en abrir el festival a debates sociológicos distintos a los actuales, promoviendo una visión pluralista y menos sesgada.
Estas declaraciones se enmarcan en el contexto político de tensión entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, en particular en relación con las subvenciones al cine. El Ministerio de Cultura anunció que recurrirá judicialmente la orden de ayudas autonómicas, que excluye proyectos con contenido considerado adoctrinamiento o propaganda política.
El consejero defendió la coherencia de la normativa autonómica con el acuerdo de gobierno en Castilla y León, resaltando que la inversión pública debe centrarse en promover la libertad de creación y la excelencia artística, en lugar de financiar producciones con sesgos ideológicos. También criticó los posibles sesgos del Ministerio de Cultura y manifestó su interés en que los creadores de Castilla y León disfruten de mayor libertad.
De cara al futuro, la Junta de Castilla y León mantiene su postura de priorizar la calidad y la diversidad cultural, frente a lo que considera una política centralista y sesgada del Ejecutivo nacional. El debate sobre la financiación cultural y la autonomía en la elección de contenidos continúa siendo un tema de relevancia en el panorama político y cultural regional.
Este enfrentamiento refleja una tensión más amplia sobre la gestión del patrimonio cultural y la influencia política en las instituciones culturales, un escenario que probablemente seguirá en los próximos meses, con posibles cambios en las políticas de subvenciones y regulación del sector.