La reciente decisión del Ministerio de Defensa de adjudicar un contrato de 6,3 millones de euros a Vodafone España ha suscitado atención en el ámbito de las comunicaciones gubernamentales. Este acuerdo, que se vincula a la extensión del Lote 2 del Acuerdo Marco 'CBAM #1', está destinado a mejorar los servicios de comunicaciones móviles para el Instituto de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Defensa (I3D).

Dentro de este contrato, Vodafone proporcionará un conjunto completo de servicios de comunicaciones móviles, que incluye líneas de voz y datos con alcance tanto nacional como internacional. Además, se contempla la integración de redes móviles y fijas a través de una Red Privada Virtual (RPV), garantizando así un servicio eficiente y seguro para las operaciones del Ministerio.

El contrato también incorpora servicios vitales como la mensajería corporativa segura, la gestión centralizada de dispositivos y el mantenimiento de aplicaciones y contenidos móviles. Este enfoque incluye la provisión de telefonía móvil segura con capacidades de cifrado, además del suministro y mantenimiento de terminales, incluidos dispositivos robustos para uso en entornos exigentes, así como soporte técnico especializado proporcionado por un Centro de Gestión Técnico (CGT).

Como parte de sus responsabilidades, Vodafone deberá llevar a cabo la supervisión continua del servicio, análisis del tráfico, control del consumo y la elaboración de informes periódicos, asegurando una gestión transparente y eficaz de los recursos tecnológicos disponibles.

La adjudicación a Vodafone se dio tras evaluar la propuesta de la compañía, que ofreció la mejor relación entre calidad y precio, al tiempo que cumplió con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos por el Ministerio. Esta resolución, firmada el 9 de mayo de 2025, estipula gastos que se distribuirán en los ejercicios presupuestarios de 2025 y 2026, con 4,1 millones asignados para el primer año y 2,2 millones para el segundo.