El Tratado Global de los Océanos ha alcanzado un importante hito, logrando 50 ratificaciones, y se espera que su implementación se materialice antes de que finalice el año. Este avance ha generado expectativas positivas entre distintas organizaciones enfocadas en la conservación del medio ambiente.

En el marco de la III Conferencia de los Océanos de la ONU, celebrada en Niza, Francia, varios grupos ecologistas han instado a España a incrementar su inversión en la protección de las áreas marinas. Debaten sobre la urgente necesidad de prohibir prácticas como la pesca de arrastre y la minería submarina, que consideran perjudiciales para el ecosistema oceánico.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el inicio de la creación de cinco nuevas áreas protegidas en los próximos meses, con el objetivo de elevar la superficie marina protegida al 25,7%. Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha prometido la aprobación de más de 40 planes de gestión para estas áreas en 2025.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha recibido con satisfacción la noticia de nuevas áreas protegidas, aunque ha subrayado que es crucial que el Gobierno asegure recursos suficientes para la gestión efectiva de estos espacios. Para Del Olmo, la protección de los océanos no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica para el futuro.

Uno de los objetivos centrales de la Cumbre era la finalización del Tratado Global de los Océanos. Sin embargo, no se logró alcanzar la cifra necesaria de 60 ratificaciones para su entrada en vigor. Del Olmo ha reconocido el trabajo diplomático de Francia y España en este sentido, enfatizando que existen ganas entre los países para avanzar en esta dirección, pero algunos trámites legislativos han paralizado el proceso.

WWF ha destacado la importancia de proteger el proceso de negociaciones para evitar que diversos sectores opuestos a la cooperación internacional interfieran en los avances logrados hasta el momento. A pesar de la presión, el foco debe centrarse en la urgencia de proteger nuestros océanos.

Vale la pena mencionar que Estados Unidos firmó el Tratado durante el último año de la administración Biden, aunque la gestión de Trump no lo ha ratificado y ha implementado medidas contrarias a los acuerdos alcanzados en la conferencia. En este sentido, 24 naciones, incluida España, han solicitado la moratoria sobre la minería submarina, justo cuando el presidente Trump promovió una orden ejecutiva que podría socavar los esfuerzos de regulación por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Del Olmo ha apuntado que, a pesar de la ausencia de representantes de alto nivel de EE.UU. en la Cumbre, los diálogos han continuado. La postura estadounidense ha oscilado en relación al cambio climático, lo que ha generado inconvenientes en las negociaciones multilaterales.

Marta Martín-Borregón, de Greenpeace, ha celebrado la alianza de países que apoyan la prohibición de la minería submarina y ha expresado su optimismo respecto a que esta actividad sea restringida en las conversaciones de la ISA programadas para julio.

Aunque se valora positivamente el compromiso del Gobierno español respecto a las áreas marinas, Martín-Borregón reclama que se garantice una protección efectiva y ha mencionado la necesidad de una unión entre distintos ministerios para coordinar esfuerzos, dado que algunos intereses pueden entrar en conflicto.

Lucas Barrero, de Ecologistas en Acción, también ha resaltado que los anuncios del Gobierno son coherentes con las demandas del sector en años anteriores. Coincide en que se requiere una inversión para lograr una protección adecuada de las áreas marinas. Además, insta al Gobierno a trabajar estrechamente con las organizaciones pesqueras, particularmente con las que se dedican a la pesca artesanal, afectada por las iniciativas de conservación.

Diversas organizaciones, como Oceana, han recibido positivamente los anuncios de Sánchez y su equipo, aunque exigen la prohibición de actividades destructivas, como la pesca de arrastre, en zonas marinas protegidas. Subrayan que una de las reivindicaciones pendientes es la designación de áreas de protección estricta.

Oceana ha subrayado que España debe seguir el ejemplo de otros países europeos que han acordado proteger al menos el 10% de sus aguas en un marco de protección más robusto.

El Plan de Acción de Niza se compone de una declaración política y compromisos voluntarios por parte de los países participantes. Aunque SEO/BirdLife lo califica como un avance, urge la elaboración de una estrategia concreta que contemple aspectos como la financiación adecuada y la participación social.

Finalmente, la ONG concluye que España tiene la oportunidad de liderar una transición hacia la protección de los océanos si se mantiene firme en su compromiso de proteger el 30% de sus aguas para 2030, continuando con la colaboración científica y comunitaria.