MADRID, 10 de octubre.

Todas las comunidades autónomas bajo el liderazgo del Partido Popular (PP) han emitido una declaración conjunta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en la que rechazan rotundamente su participación en la convención ‘Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática’, programada para el lunes y martes en Ponferrada, Castilla y León.

Los responsables autonómicos argumentan que no comparten el enfoque propagandístico del pacto propuesto por el gobierno. En su lugar, proponen una alternativa más sólida, enfocada en estrategias concretas que incluyan adaptación, prevención, asignación de recursos, reformas legales y un impulso real a las economías rurales, siempre dentro de un marco de seguridad jurídica y neutralidad tecnológica.

A lo largo de su declaración, los gobiernos regionales solicitan que sus demandas sean incorporadas en la próxima Conferencia Sectorial. Exigen que el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática se refine hasta alcanzar un modelo de cogobernanza efectivo y que se formen grupos técnicos operativos de manera inmediata. Asimismo, insisten en la entrega previa de memorias económico-financieras e indicadores territoriales por parte del gobierno, y en la creación de un Acuerdo para la Adaptación y el Buen Gobierno de Emergencias con criterios claros y financiación estable.

Como parte de su comunicación, los consejeros han planteado ocho peticiones en relación a las cuestiones climáticas, demandando un modelo de cogobernanza más real y más inversiones. Estas peticiones incluyen la necesidad de actas públicas, cronogramas definidos y la formación de grupos técnicos especializados, además de un sistema de rendición de cuentas que pueda ser verificado de manera efectiva, con convocatorias bianuales del Consejo Nacional de Protección Civil.

También han hecho un llamado a la revisión del Plan Nacional de Adaptación para que incluya metas medibles y claras, así como un panel de indicadores públicos que permita realizar comparativas entre comunidades autónomas. Asimismo, demandan una evaluación bianual independiente de resultados y costes, además de la reforma de la Ley de Montes para facilitar el manejo de los recursos forestales y el fomento de la ganadería extensiva.

El PP también exige la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil, proponiendo un catálogo de recursos que puedan ser movilizados entre comunidades, una red de alerta temprana y una plataforma de datos que combine observaciones meteorológicas y de recursos hídricos. De acuerdo a su planteamiento, el gobierno debe asegurar fondos específicos y estables para poder enfrentar con eficacia las emergencias y facilitar una recuperación ágil tras eventos críticos.

En cuanto a la financiación, las comunidades del PP han demandado la implementación de un programa de inversión a largo plazo para los medios de lucha contra incendios. También piden la elaboración de un mapa actualizado de los recursos públicos y privados disponibles en el país, así como la creación de un centro nacional que coordine las operaciones de emergencia las 24 horas del día.

Respecto a las obras en infraestructuras hídricas, insisten en la urgencia de activar proyectos que ayuden a prevenir inundaciones mediante soluciones que contemplen el entorno natural, además de fomentar una economía circular del agua con el apoyo debido a los municipios.

Finalmente, han reiterado la necesidad de contar con fondos claros y directrices objetivas para enfrentar los desafíos del cambio climático. Insisten en establecer un Fondo Social por el Clima que gestione proyectos específicos de adaptación y cuente con transparencia en su ejecución. También han subrayado la importancia del sector primario en el manejo del territorio y se han opuesto a cualquier estigmatización del ámbito rural.

“Demandamos políticas prácticas que restauren la viabilidad económica de las explotaciones y aseguren servicios públicos y vivienda en nuestras áreas rurales. Es crucial realizar una evaluación del impacto en estas zonas para cada normativa que emane del Estado y establecer un marco fiscal que incentive las actividades económicas en el medio rural”, concluyeron.