En un reciente anuncio, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido llevar a cabo un mapeo de las áreas rurales y montañesas donde la falta de cobertura puede llevar a errores en la geolocalización de las pulseras electrónicas utilizadas en casos de maltrato. Esta acción responde a una de las quejas más frecuentes expuestas por las comisiones provinciales de violencia de género y algunas magistradas.

La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, quien asumió el cargo el pasado mes de noviembre, visitó el Centro Cometa, responsable de administrar las pulseras telemáticas para las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género en España. Durante su visita, Rojo indagó sobre el progreso de este mapeo y recibió confirmación de que se estaba trabajando en ello, prometiendo que dicha información les sería remitida pronto.

Una vez que el Observatorio obtenga el mapeo, se lo proporcionará a los juzgados y tribunales que gestionan asuntos de violencia de género, para garantizar que al dictar medidas adicionales de control de alejamiento o protección, se tenga en cuenta la posible falta de cobertura en ciertas áreas.

El encargo del mapeo se originó en una reunión donde se discutieron los desafíos que habían surgido con las pulseras telemáticas, incluido el problema de la migración de datos de un proveedor a otro. Rojo enfatizó que también se abordaron las deficiencias señaladas en los informes de las comisiones sobre violencia de género, donde se destacaban dificultades en la cobertura que complicaban la localización tanto del agresor como de la víctima.

Según informó la presidenta, esta problemática se detectó especialmente en zonas rurales remotas y en regiones montañosas, y no solo en situaciones ocasionales de falta de cobertura. Cometa ha confirmado que pronto estarán listos para enviar el mapeo, que deberá actualizarse regularmente a medida que se supriman estas "zonas ciegas".

Rojo subrayó la importancia de que tanto las mujeres bajo estas medidas de protección como los jueces que las imponen conozcan exactamente qué áreas presentan problemas de cobertura, asegurando que esta información es crucial para la seguridad y el cumplimiento efectivo de las órdenes de protección.