El entorno político español se ha visto recientemente agitado por la intervención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha realizado una serie de propuestas relevantes para un informe que será elaborado por la Relatora Especial de la ONU en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Esta iniciativa pone de manifiesto el firme compromiso del CERMI con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su dedicación a la defensa de los derechos políticos de este colectivo.

En el documento titulado 'Romper el techo de cristal: participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política', el CERMI ha enfatizado la importancia de la participación política como un derecho humano fundamental y un criterio esencial para la efectividad de la democracia. Según la organización, una sociedad que no integra a un segmento significativo de su población en los procesos democráticos no puede calificarse de verdaderamente democrática.

Desde que fue designado en 2011 como el organismo que supervisa la implementación de la Convención en España, el CERMI ha estado trabajando arduamente para llevar las inquietudes y necesidades de las personas con discapacidad a los responsables del gobierno, así como para abogar por reformas legislativas que eliminen las dificultades que enfrentan en su acceso a la plena ciudadanía política. Un logro notable en este camino fue la reforma electoral de 2018, que devolvió el derecho al voto a más de 100,000 personas con discapacidad intelectual o psicosocial.

Sin embargo, la organización ha señalado que aún existen significativas barreras estructurales y culturales que limitan este derecho. Entre ellas destacan la falta de accesibilidad en los procesos electorales, la escasa representación en puestos públicos y los estereotipos que perpetúan la exclusión. De igual manera, el CERMI ha subrayado la necesidad de prestar especial atención a las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan discriminaciones adicionales que las mantienen alejadas de posiciones de liderazgo.

Para abordar estas dificultades, el CERMI ha propuesto una serie de medidas cruciales, destacando como esencial la necesidad de asegurar que todos los procesos políticos y electorales sean universalmente accesibles.

Además, han insistido en la importancia de institucionalizar la inclusión efectiva de organizaciones representativas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Promover el liderazgo político entre las personas con discapacidad también ha sido señalado como un aspecto clave, lo que se podría lograr mediante medidas de acción positiva.

Finalmente, el CERMI ha solicitado la urgencia de realizar reformas legislativas que eliminen cualquier restricción al ejercicio de los derechos políticos, insistiendo en que el lema del movimiento social de la discapacidad, 'Nada sobre nosotros sin nosotros', debe ser el principio rector de todas las políticas y decisiones relacionadas con este grupo. La organización ha subrayado que el avance hacia sociedades más inclusivas y participativas debe incluir la colaboración con la Relatora Especial y organismos internacionales de derechos humanos.

Al garantizar la participación política en igualdad de condiciones, se asegura el derecho a la toma de decisiones, a ser escuchado y a tener un impacto en el curso de la sociedad. Es a través de este enfoque que se podrá alcanzar una democracia plena e inclusiva, concluye el CERMI en su comunicado.