En Madrid, el 19 de agosto, se ha producido una situación preocupante en relación con la valoración del grado de discapacidad en nuestro país. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, señalando la notable tardanza del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en llevar a cabo la evaluación del nuevo baremo de discapacidad, el cual fue aprobado el 18 de octubre del año pasado.

El CERMI ha subrayado que la normativa en cuestión incluye una disposición específica que señala que, tras el transcurso de un año desde la implementación del baremo, el Imserso debería realizar una evaluación de su aplicación y sugerir las modificaciones necesarias. Este plazo se establece en la disposición adicional quinta y, a su vez, fue concebido para garantizar una revisión efectiva de la normativa.

Conforme a la información proporcionada por CERMI, el plazo estipulado para esta evaluación concluyó en abril de 2024. Sin embargo, hasta la fecha actual, dicho análisis sigue sin realizarse, lo que ha generado un retraso considerable de casi un año y medio. La organización ha instado al Defensor del Pueblo a investigar esta situación de incumplimiento, que consideran de suma gravedad.

El CERMI argumenta que la evaluación del decreto de octubre es crucial para determinar el correcto funcionamiento del nuevo baremo. Esta revisión permitirá verificar si las expectativas iniciales de la norma se han cumplido y, en caso contrario, facilitará la introducción de ajustes y mejoras en aquellas áreas que no hayan demostrado ser efectivas. Tal proceso es fundamental para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad sean efectivamente protegidos y promovidos.