En Madrid, la investigación sobre la exmilitante del PSOE, Leire Díez, avanza con nuevas declaraciones. Este lunes, el juez Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción Número 9, convocará a testigos clave en el caso. Entre ellos se encuentran Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, y Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones.

La causa se centra en determinar si Díez, junto con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, incurrieron en delitos como tráfico de influencias y cohecho. Estos actos se asocian a presuntos intentos de obtener información que comprometería a jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil, posiblemente a cambio de beneficios personales.

En una declaración anterior, presentada ante el juez el 17 de noviembre de 2022, Díez admitió haber tenido encuentros con Cerdán en abril de 2022 en la sede del PSOE en Ferraz, afirmando que actuó en calidad de periodista, en compañía de Pérez Dolset y otras personas presentes.

Pérez Dolset ratificó su participación en ambas reuniones y detalló que Hernando también estuvo presente en una de ellas; en ese momento, Hernando ocupaba un alto cargo en el gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El expediente también incluye otras interacciones de Díez, como una reunión en el despacho del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, con Ignacio Stampa, fiscal Anticorrupción. Otra reunión tuvo lugar en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con Alejandro Hamlyn, quien se halla bajo investigación en la Audiencia Nacional.

La investigación se ha intensificado tras la aparición de diversos audios en los que Díez dialoga con empresarios que tienen procesos judiciales abiertos. Se sospecha que el objetivo de estas conversaciones era obtener información perjudicial sobre el teniente coronel Antonio Balas, y el fiscal José Grinda, ambos vinculados a investigaciones relevantes.

Además, se ha presentado evidencia, como grabaciones de una reunión en la que Stampa participó junto a Díez y Pérez Dolset, donde Díez se refirió a sí misma como "la mano derecha" de Cerdán, insinuando su relación cercana con el PSOE y su influencia dentro del partido.

El juez Zamarriego está tratando de determinar si Díez impulsó una "operativa delictiva", con un enfoque sistemático en la recopilación de información irregular de instituciones estatales, supuesto intento de perjudicar investigaciones judiciales que involucran a figuras políticas y empresariales de relevancia.

Por su parte, Leire Díez defiende su actuación afirmando que sus interacciones en el caso están motivadas por su labor como periodista, con el propósito de documentar un libro sobre lo que ella denomina las "cloacas del Estado".