En Madrid, el 29 de enero, se ha encendido un debate en torno a la reciente propuesta fiscal del Ministerio de Hacienda, la cual ha sido duramente criticada por las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Los líderes de estas patronales han calificado la medida como un intento engañoso para reemplazar la indexación de los contratos públicos, con condiciones que consideran inaccesibles para la mayoría de las empresas.

En un contundente comunicado, las dos entidades han manifestado su descontento, denunciando que la información sobre este incentivo fiscal fue divulgada a los medios antes de ser discutida en la mesa de negociación oficial convocada para esta tarde a las 17:00 horas, lo que consideran una falta de respeto a los procedimientos establecidos.

Las patronales han enfatizado que no es adecuado reemplazar la concertación social, consagrada en el artículo 7 de la Constitución, por una estrategia mediática de anuncios y eventos sin un verdadero diálogo entre las partes. Esta crítica resalta la importancia de una colaboración genuina en el ámbito social y económico.

En relación a los detalles de la propuesta, CEOE y Cepyme alarman que, según la información publicada, el incentivo fiscal propuesto no solo sustituiría la esperada indexación de contratos públicos, sino que además lo haría sin considerar las necesidades reales de las empresas. Sostienen que esta medida es contraria a lo que se había consensuado entre los diferentes actores del diálogo social bipartito, de acuerdo con el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva.

Además, critican que este plan deja a muchos autónomos y la mayoría de las empresas sin la posibilidad de beneficiarse. De manera sorprendente, excluye a empresas que estén en pérdidas, así como a cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, que son precisamente las que más apoyo necesitan en estos tiempos difíciles, según las patronales.

Las condiciones para acceder a esta reducción fiscal son vistas como poco realistas por CEOE y Cepyme, quienes también advierten que este tipo de intervenciones en la negociación colectiva y la autonomía de las empresas sólo incrementa el control gubernamental, lo que consideran inaceptable.

Sin embargo, CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha manifestado que su Comité Ejecutivo espera analizar la propuesta una vez que el Gobierno proporcione la información necesaria, dejando abierta la posibilidad de una evaluación más detallada de la situación.

La propuesta de Hacienda, a la que tuvo acceso Europa Press, contempla una reducción fiscal progresiva que podría compensar hasta el total del aumento en el salario mínimo interprofesional (SMI) para aquellas empresas que incrementen su plantilla con trabajadores cuyo salario supere el SMI, siempre que se cumplan ciertas condiciones de contratación.

En términos más específicos, se contempla una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, siempre que la plantilla media total al final del periodo impositivo incremente en comparación con el inicio. Para empresas con menos de 100 trabajadores, se requiere un aumento de al menos un trabajador a tiempo completo durante todo un año; mientras que para empresas más grandes, el incremento debe ser de al menos dos trabajadores o un 1% de la plantilla.

La cuantía de la reducción será variable, pudiendo alcanzar el 100% de la subida del SMI dependiendo del incremento de la plantilla durante el periodo impositivo, con requisitos adicionales para asegurar que este aumento se mantenga por dos años posteriores.

Además, esta reducción sólo se aplicará a aquellas empresas cuyos gastos de personal representen más del 70% de sus gastos totales. En caso de no cumplir los requisitos establecidos, Hacienda prevé la regularización de las cantidades inutilizadas con los intereses correspondientes.

Con esta estrategia, el Ministerio de Trabajo busca ganar el apoyo de CEOE para el acuerdo sobre el SMI. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado que esta reunión será la última en la que se discutirá el SMI y ha expresado su esperanza de llegar a un pacto definitivo.