Cáritas asistió a 550,000 migrantes irregulares en España en 2024, representando el 50% de sus atendidos.
En la reciente presentación de la Memoria Confederal de Cáritas en Madrid, un alarmante dato ha salido a la luz: en 2024, el 47% de las personas que solicitaron ayuda a esta organización en España son migrantes sin documentos en regla, sumando cerca de 550.000 individuos. Este fenómeno ha crecido de manera constante desde 2019, lo que preocupa a muchos sectores de la sociedad.
La entidad benéfica ha destinado un total de 486,9 millones de euros en su labor de asistencia durante el año, un incremento de 469.084 euros comparado con el año previo. Esta inversión ha permitido atender a más de 2,1 millones de personas tanto nacionales como del extranjero, evidenciando la magnitud del desafío al que se enfrenta.
Aproximadamente 2.185.004 personas recibieron apoyo, de las cuales 1.178.346 viven dentro de España. Mientras tanto, 1.006.658 fueron beneficiarias de programas de cooperación internacional. Este panorama refleja una creciente necesidad de recursos y atención, especialmente en un periodo marcado por crisis económicas y sociales.
La mayoría de las personas que han encontrado refugio en las más de 4.933 Cáritas parroquiales son trabajadores con ingresos insuficientes o severely afectadas en su capacidad de mantener una vivienda. De hecho, el 80% de las asistencias solicitadas por las familias involucraron pagos de suministros esenciales y alquileres, centrando la acción de la organización en necesidades básicas.
Cáritas ha afirmado su posición, destacándose como una de las pocas instituciones que acoge a migrantes en situación irregular. Muchos de estos individuos llegan bajo condiciones precarias y, tras permanecer en centros de acogida temporal, enfrentan inseguridades administrativas que complican aún más su situación.
Su labor con migrantes y refugiados no se limita a la atención inmediata; abarca un enfoque hacia la integración, facilitando el acceso a derechos básicos y servicios. Este proceso es complejo y puede extenderse de uno a dos años, requiriendo un acompañamiento individualizado y coordinado a través de diferentes programas que incluyen desde vivienda hasta educación.
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