BRUSELAS, 23 de septiembre.

La Comisión Europea ha decidido proponer una nueva prórroga de un año para la implementación de la controvertida ley de deforestación, trasladando su entrada en vigor a diciembre de 2026. Esta decisión responde a los múltiples llamados de las capitales y sectores empresariales, quienes han manifestado su preocupación por no poder cumplir con las exigencias planteadas por la normativa a tiempo.

El portavoz de la Comisión, Olof Gill, comunicó esta noticia durante una conferencia de prensa, destacando que la principal razón detrás del retraso es la necesidad de prevenir la “incertidumbre” entre las autoridades competentes y los obstáculos operativos que esta ley pueda generar.

“A pesar de nuestros esfuerzos por simplificar el proceso, hemos llegado a la conclusión de que no será posible cumplir con el plazo original sin causar trastornos a nuestras empresas y a las cadenas de suministro. Además, tenemos serias inquietudes respecto a la capacidad de nuestro sistema informático, considerando la carga que se anticipa”, detalló Gill.

El portavoz añadió que esta extensión en el plazo permitirá a las empresas abordar los riesgos previamente identificados, en particular, el diseño del sistema informático, para garantizar una capacidad adecuada.

La normativa vigente prohíbe la comercialización de ciertos productos, como cacaos, cafés y aceites de palma, que contribuyan a la devastación de los bosques. Aunque la ley fue promulgada el 23 de junio de 2023, la Comisión ya había sugerido anteriormente un retraso hasta diciembre de 2025, y ahora se plantea una moratoria adicional para asegurar una implementación “clara y viable” a partir del próximo año.

Esta actitud de Bruselas busca atender a las inquietudes de socios internacionales sobre la complejidad de cumplir con el nuevo marco legal de la Unión Europea en el tiempo estipulado.

El pasado 9 de julio, 18 ministros de Agricultura de Estados miembros enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando la relajación de algunas disposiciones de la norma, argumentando su enjundiosa carga burocrática, y sugiriendo un nuevo aplazamiento.

La misiva, impulsada por Luxemburgo, fue suscrita por ministros de países como Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia y Suecia, entre otros.

El mismo día, el Parlamento Europeo aprobó una objeción promovida por el Partido Popular Europeo, que instaba a la Comisión a considerar la posibilidad de clasificar a ciertos países como “sin riesgo”, permitiendo así una aplicación más flexible de la nueva legislación.

A pesar de un acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 para ampliar el plazo hasta diciembre de 2025, ahora los negociadores tendrán que reanudar las conversaciones para ratificar esta nueva extensión antes de que finalice el año.