En Madrid, el 27 de enero, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha manifestado su apoyo al reciente decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que regulariza de manera extraordinaria a medio millón de migrantes en el país. Argüello ha descrito esta medida como un "reconocimiento de la dignidad humana", aunque también ha señalado que debió implementarse "hace meses", sugiriendo que su aprobación ahora responde a un "escenario político favorable".

El arzobispo de Valladolid, en un video divulgado por la CEE, expresó que las voces de las organizaciones que impulsaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) habían instado a la administración a actuar con anterioridad. "Este decreto podía haberse firmado antes", afirmó, indicando que el momento actual parece propicio para su avance, aunque no sin cierta reticencia sobre la inacción previa.

Argüello ha resaltado la importancia de esta medida en la resolución de problemas que muchos municipios españoles enfrentan, donde la falta de legalización había creado dificultades significativas para aquellos que ya estaban trabajando. "Es un paso hacia la dignidad humana y una oportunidad para contribuir al bien común", comentó, añadiendo que ahora muchas personas podrán formalizar su situación y aportar a la comunidad a través de sus impuestos.

El presidente de los obispos también destacó la relevancia de la ILP, que reunió a más de 900 organizaciones de diversos ámbitos, y consideró que la decisión del Gobierno es un "reconocimiento" para la "salud democrática", al subrayar la importancia de las iniciativas provenientes de la sociedad civil.

A pesar de su respaldo al decreto, Argüello subrayó que aún persisten desafíos en relación con la integración de los inmigrantes y los flujos migratorios. Hizo hincapié en que abordar estas cuestiones es complicado y requiere un consenso en el ámbito de la Unión Europea, resaltando la necesidad de un enfoque coordinado para garantizar la cohesión social.