En Madrid, el Gobierno español, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha decidido dar un paso importante hacia la protección de los menores al proponer una prohibición sobre su participación y asistencia a eventos donde se ejercite violencia contra los animales. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por ampliar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), y afecta a actividades como las corridas de toros y la caza.

Esa decisión, respaldada por Sira Rego, la ministra al frente del departamento, obedece a un mandato reiterado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual ha solicitado a España que limite la presencia de menores en espectáculos taurinos y actividades relacionadas con la caza. Este requerimiento fue nuevamente enfatizado durante el examen del Comité de Derechos del Niño en Ginebra.

Rego se mostró firme al afirmar que "niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros", subrayando que esta nueva regulación cumple con las exigencias de la ONU desde 2018. En sus declaraciones, aseguró que esta reforma es crucial para garantizar los derechos de la infancia en el país.

Durante el VII Examen del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en España, la ministra tuvo la oportunidad de respondido a preguntas relacionadas con esta problemática. Informó al comité sobre la inclusión de esta prohibición en la propuesta de reforma de la LOPIVI, revelando la preocupación del organismo internacional por la exposición de los menores a la violencia.

En su justificación, el Ministerio destacó que las actividades que implican violencia pueden tener graves repercusiones para la integridad física y psicológica de los menores, quienes son especialmente vulnerables a este tipo de experiencias. La ministra Rego enfatizó que la exposición temprana a situaciones violentas puede desensibilizar a los jóvenes ante el sufrimiento ajeno y alterar su desarrollo emocional.

Además, el Ministerio ha estado trabajando en la preparación de este texto legal y ha estado en contacto con otros ministerios relevantes para cumplir con las normativas. Rego afirmó que la labor está prácticamente terminada y que solo falta la revisión final del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes antes de llevarlo a Consejo de Ministros.

En paralelo, se busca fortalecer la prevención de la violencia en el ámbito infantil, así como garantizar el acompañamiento y la reparación para aquellos menores que hayan sufrido situaciones de abuso. Entre los objetivos de la reforma se incluye el compromiso de escuchar a los menores en procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad.

Otro de los puntos significativos es la propuesta de ampliar a diez años el plazo de prescripción para delitos sexuales contra la infancia, posponiendo el inicio de este plazo hasta que la víctima alcance los 45 años. Además, se incluiría la violencia de género en la lista de delitos que limitan el acceso a profesiones que involucran contacto con menores.

Finalmente, la nueva norma también contempla el reconocimiento de la violencia institucional por primera vez en una legislación estatal. Este aspecto garantiza que cualquier falta de acción que comprometa la protección de los menores sea adecuadamente investigada y reparada, según lo expuesto por la ministra Sira Rego.