ALMERÍA, 23 de octubre. La Audiencia Provincial de Almería ha tomado la determinación de embargar los bienes y las cantidades económicas de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el trágico asesinato del pequeño Gabriel Cruz en 2018. Esta medida busca garantizar el pago de una indemnización de 500.000 euros a los padres del niño, como resultado del horrendo crimen.

De acuerdo con informaciones legales, un decreto firmado el 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia autoriza el embargo del escaso ingreso que Quezada percibe por su trabajo en la prisión de Brieva, en Ávila, donde cumple su sentencia. Se estima que su salario asciende a aproximadamente 200 euros, sumado a cualquier otra ayuda que pudiera recibir por otras vías.

La sentencia dictada en septiembre de 2019 imponía a Quezada el pago de 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel, como compensación por el daño emocional causado. Además, la resolución incluía la obligación de abonar más de 200.000 euros, correspondientes a los costos que el Estado incurrió durante la búsqueda del menor, que se prolongó por casi dos semanas.

A pesar de la seriedad de la condena y el tiempo transcurrido desde el fallo, se ha informado que Quezada ha sido capaz de abonar solamente 467 euros de los 500.000 euros que se le exigen, algo que causa indignación y frustración en la familia de Gabriel Cruz. Esta cifra mínima ha sido mencionada a raíz de la firmeza del fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en febrero de 2020.

En respuesta a esta resolución, la defensa de Quezada ha apelado a la decisión judicial, argumentando que su salario actual no alcanza el mínimo legal y, por lo tanto, no debería ser objeto de embargo. Además, reclaman que cualquier otra cantidad que se encuentre en su cuenta se origina de ayudas familiares, lo que complicaría la situación legal en torno al embargo de sus bienes.