En Madrid, el 22 de septiembre, se ha reavivado la discusión sobre la eficienciencia de las pulseras de control para víctimas de violencia de género. Esta preocupación no es nueva; en 2018, el Defensor del Pueblo ya había hecho eco de los fallos en este sistema durante el mandato del Partido Popular, situación que persistió con la llegada del PSOE al poder tras la moción de censura.

De acuerdo con un informe de 2019, el entonces Defensor del Pueblo interino, Francisco Fernández Marugán, había solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo la dirección de Dolors Montserrat, una evaluación del funcionamiento de estos dispositivos de vigilancia. A través de las denuncias de las víctimas, la institución descubrió que la tecnología empleada presentaba numerosos defectos, además de generar alarmas falsas que complicaban aún más la situación de las afectadas.

Fernández Marugán indicó que el sistema debió proporcionar datos sobre los malfuncionamientos, pero su gestión estaba en proceso de adjudicación a una empresa que se encargaría del servicio, lo que provocó retrasos en la atención a los reportes de incidencias generados por el propio sistema.

En el contexto de un cambio de gobierno, a finales de 2018, el PSOE adjudicó el servicio con el objetivo de mejorar la operatividad de las pulseras, basándose en un protocolo establecido en 2013. No obstante, las críticas no cesaron. Una nueva víctima que utilizaba las pulseras reportó que los dispositivos seguían teniendo un rendimiento "deficiente", lo que llevó a la institución a plantear nuevas acciones.

De acuerdo con el informe de Fernández Marugán, estos problemas eran atribuidos a "dificultades técnicas”. El mal funcionamiento de las pulseras generaba falsas alarmas cuando se quedaban sin cobertura, lo que complicaba discernir si era un problema del dispositivo o si, efectivamente, el agresor estaba vulnerando la orden de alejamiento, lo que obligaba al Centro COMETA a alertar a la policía a través de la activación de protocolos de emergencia.

En mayo de 2019, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comunicó que, con el nuevo contrato, se estaban instalando dispositivos con tecnología 3G, sustituyendo a los anteriores que presentaban fallas.

En el último informe del Defensor del Pueblo, que corresponde al año 2024 y fue publicado en 2025 bajo la dirección de Ángel Gabilondo, se documentan quejas sobre la lenta ejecución de sentencias en casos de violencia de género. Además, se hacen recomendaciones para mejorar la "coordinación" en la atención a las víctimas.

Como ejemplo, se menciona el caso de un hombre condenado por delitos graves de violencia de género, que tras ser excarcelado y tener su pulsera de control retirada, no recibió información ni se adoptaron medidas de protección adecuadas para las víctimas durante los más de siete meses que estuvo en libertad. Si bien la exmujer y sus hijas mantuvieron contacto con las oficinas judiciales y la policía, la comunicación se interrumpió cuando el agresor fue trasladado al País Vasco, dejándolas sin información sobre su situación.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo emitió recomendaciones a varias instituciones vascas y judiciales para mejorar los sistemas de comunicación entre los juzgados y las víctimas, además de revisar los protocolos existentes para facilitar la coordinación entre administraciones. El Gobierno Vasco aceptó estas recomendaciones y se comprometió a modificar su protocolo penitenciario, estableciendo que la información sobre condenados debe ser comunicada a las víctimas, incluyendo aspectos relacionados con dispositivos telemáticos.