En Madrid, el 6 de noviembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzó un urgente llamado a los países para que no criminalicen a los niños migrantes que buscan escapar del horror de la guerra. La agencia instó a proporcionar “responsabilidad y empatía” hacia esos menores que, ante la adversidad, requieren comprensión y apoyo.

ACNUR subrayó la importancia de evitar el uso de términos que estigmaticen a aquellos menores que se ven forzados a huir debido a conflictos violentos o persecuciones. La organización enfatizó la necesidad de fomentar una narrativa que refleje dignidad, humanidad y derechos infantiles.

“La protección de los niños refugiados es una responsabilidad compartida que no solo cumple con las obligaciones internacionales, sino que también implica una inversión en el futuro de las sociedades. Actuar de manera responsable hoy significa sembrar un futuro más justo e inclusivo para todos”, destacó la agencia en un comunicado.

Desde agosto de 2023, se ha registrado la llegada a Canarias de aproximadamente 1.500 menores solicitantes de asilo en España. La mayoría de estos niños, alrededor del 70%, procede de Malí, junto con un considerable número de sus compañeros de otras naciones de África Occidental. De este grupo, un 9% son niñas y un 22% tienen menos de 16 años.

Además, la organización ha señalado que entre los menores que llegan a las costas españolas hay niñas que huyen de violaciones graves de sus derechos humanos, motivadas por cuestiones de género, como el matrimonio forzoso y la mutilación genital femenina.

ACNUR también ha agregado que muchos de estos menores han padecido diferentes formas de violencia y no han tenido acceso a sistemas efectivos de protección en sus países de origen. Se han identificado casos de niños con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, quienes enfrentan discriminación y normas sociales restrictivas, lo que puede repercutir de manera severa en su desarrollo emocional y psicológico.

La agencia advierte que los menores que llegan solos a España están expuestos a múltiples peligros, incluidos la trata de personas y distintos tipos de abuso. Grainne O'Hara, representante de ACNUR en España, enfatizó que muchos de estos niños han dejado atrás entornos familiares devastados por la violencia y la guerra. “Nuestra prioridad es asegurar que ellos reciban la protección, el acompañamiento y acceso a los derechos que les han sido negados en sus países”, señaló O'Hara.

Entre los jóvenes no acompañados que han llegado en los últimos años, un número significativo proviene de la inestable región del Sahel central, como Malí. La violencia y los conflictos han obligado a más de cuatro millones de personas a huir de sus hogares. ACNUR advirtió sobre el creciente deterioro de la seguridad en esta área, donde los ataques armados y la inestabilidad han compelido a muchos niños a intentar rutas peligrosas hacia Europa en busca de asilo.

Como parte de sus esfuerzos, ACNUR está trabajando con las autoridades españolas para formar profesionales y desarrollar herramientas que faciliten la identificación de los menores que requieren protección internacional. Además, buscan mejorar la coordinación entre las administraciones responsables para afrontar esta crisis migratoria de manera efectiva y conjunta.

En colaboración con Save the Children, la agencia ha implementado la herramienta ETNNA (Evaluación de Necesidades de Niños y Niñas Acogidos), diseñada para detectar tempranamente las necesidades de protección, salud, educación y apoyo psicosocial de estos niños.

En las Islas Canarias, ACNUR colabora con las autoridades y los centros donde viven estos menores, asegurando una comunicación directa para entender su situación y determinar sus necesidades específicas.Amás, proporcionan información sobre el sistema de asilo en España y los derechos de los solicitantes.

Por otra parte, a través de su socio Accem, ACNUR brinda asistencia lingüística mediante intérpretes de diversas lenguas africanas, garantizando que los niños puedan comunicarse en su idioma materno, lo que consideran fundamental para una adecuada comprensión de sus necesidades y una participación efectiva durante su proceso de asilo.

Hasta el momento, destaca que las autoridades españolas han ofrecido protección en el 65% de los aproximadamente 700 casos ya tramitados. Para las niñas, esta cifra asciende al 80%, debido a las particularidades de persecución que enfrentan por su género.