En Madrid, el 26 de diciembre, el partido Vox ha decidido alzar la voz contra lo que considera una "voracidad legislativa" por parte de la Unión Europea. En un claro desafío a la burocracia bruselense, han presentado una proposición no de ley en el Congreso con la finalidad de implementar una simplificación normativa que trascienda los conocidos paquetes de simplificación "ómnibus".

La iniciativa, que ha sido formalmente registrada para su discusión en la Comisión de Industria y Turismo, busca detener el constante incremento en la actividad legislativa de la UE. Vox, liderado por Santiago Abascal, enfatiza la necesidad de un proceso de simplificación que sea amplio y eficaz, en vez de seguir acumulando regulaciones innecesarias.

Desde la perspectiva del grupo parlamentario, la sobrerregulación europea ha comenzado a comprometer la actividad industrial y el empleo en el continente. Según sus análisis, la Unión Europea ha promulgado en los últimos años cerca de 13.000 actos legislativos, una cifra que contrasta notablemente con los aproximadamente 5.000 actos que han sido aprobados por el Congreso de Estados Unidos.

En su comunicado, Vox subraya que esta excesiva regulación está generando costos adicionales significativos para las empresas, lo que impacta de manera negativa, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Argumentan que este desfase normativo beneficia a las empresas no europeas, que no están sometidas a las mismas exigencias y condiciones.

El partido ha hecho hincapié en las directivas europeas que tratan sobre la información corporativa relacionada con la sostenibilidad y la diligencia debida de las empresas. Vox sostiene que estas normativas afectarán a más de un millar de empresas en España, obligándolas a gastar más de un millón de euros anuales para cumplir con los requerimientos burocráticos que se derivan de dichas directivas.

En este contexto, la formación ultraconservadora pide la cancelación de ambas directivas y aboga por unas evaluaciones de impacto más rigurosas que evalúen las consecuencias de nuevas iniciativas a nivel comunitario. Esto, según ellos, sería un paso hacia la disminución de la carga administrativa para las empresas europeas.

Finalmente, Vox expone que es fundamental que España actúe y ejerza presión dentro de las instituciones europeas para frenar esta creciente producción normativa que, en su opinión, es desmesurada.