En un reciente debate en el Senado, el partido Vox ha puesto en tela de juicio el impacto económico de la inmigración masiva, argumentando que esta podría generar un "sobrecoste" en los servicios públicos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido acusando a Vox de operar desde la "mala fe".

Durante su intervención, la senadora de Vox, Paloma Gómez, planteó preguntas sobre la contribución de los inmigrantes al sistema público, cuestionando si su aporte es suficiente para justificar su presencia en relación a los costos generados. “¿Los inmigrantes vienen a pagar nuestras pensiones?”, inquirió, destacando que un estudio del economista Fernández-Villaverde en 2007 ya había estimado un costo de 200.000 euros por inmigrante no cualificado a lo largo de su vida.

Gómez argumentó que la solución a los problemas de las pensiones no radica en la inmigración masiva, sino en la calidad del perfil de los inmigrantes. Afirmó que los inmigrantes no cualificados, aunque aportan al sistema, tienden a pagar menos impuestos y a consumir más servicios públicos de los que realmente contribuyen, lo que a su juicio genera un impacto negativo en las arcas del estado.

La ministra Saiz no tardó en replicar, señalando que la verdadera "masividad" en el país es la desinformación que, según ella, propaga Vox. En su defensa, menciona que la retórica del partido crea miedo y división, lo que, afirma, costaría al país alrededor de 17.000 millones de euros anuales, es decir, un 1,3% del PIB. “Son pura y dura mala fe”, agregó.

Además, la ministra criticó a la senadora por el escándalo de las sanciones por financiación irregular impuestas a Vox, asegurando que eso sí representa una "masividad". En un tono enérgico, Saiz señaló la paradoja entre proclamarse defensores de la decencia y las acusaciones de prácticas irregulares de financiación.

Saiz también destacó lo que considera las verdaderas amenazas al bienestar estatal. Según ella, no son los inmigrantes, sino las acciones de Vox en contra de políticas que benefician a las pensiones y a la familia, así como su postura respecto a la violencia de género. La ministra advirtió que las decisiones de Vox afectan negativamente a la sanidad y la educación pública al votar en contra de medidas que fortalecen estos sistemas.

Finalmente, la ministra lanzó una crítica al Partido Popular, sugiriendo que este último ha adoptado el discurso de Vox, lo cual considera perjudicial para el estado y el bienestar común.