El Ministerio Público solicita penas de prisión que superan los 20 años para un comisario retirado y casi 19 para su colaborador, vinculados a un escándalo de corrupción. Este lunes, la Audiencia Nacional ha iniciado el juicio contra José Manuel Villarejo y Rafael Redondo, acusados por supuestas irregularidades en las pesquisas que llevaron a cabo sobre la constructora Martinsa-Fadesa, presidida por Fernando Martín.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus solicitudes, demandando 23 años y medio de cárcel para Villarejo y 18 años y 9 meses para Redondo. Estas acusaciones se sustentan en presuntos delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsificación de documentos, entre otros, que comprometerían la integridad de ambos exfuncionarios.

Asimismo, el Ministerio Público busca que ambos acusados indemnicen a las víctimas de sus acciones con 5.000 euros cada uno, responsabilizando a la Administración General del Estado por esta compensación. Además, se solicita la confiscación de 500.000 euros que fueron transferidos por José Moya al Grupo CENYT por la investigación encargada.

La trama se remonta a julio de 2011, cuando Moya recurrió a Villarejo en su calidad de comisario activo para resolver un conflicto ligado a una inversión de más de 100 millones de euros en acciones de Martinsa-Fadesa. Este episodio se tornó problemático tras el concurso de acreedores de la empresa en 2008, complicando la recuperación de dicha inversión.

La acusación sostiene que Moya contactó a Villarejo para investigar supuestas irregularidades en el concurso y así facilitar una eventual negociación. Villarejo aceptó el encargo a través del Grupo CENYT, una compleja red empresarial bajo su control, implicando a varios colaboradores en un esquema que no se limita a un caso aislado.

La Fiscalía detalla que la organización involucrada incluía a diversas personas relacionadas con el Grupo CENYT, con Rafael Redondo desempeñando un papel clave como abogado del grupo. Como resultado del denominado "proyecto Saving", se recopilaron datos de individuos conectados al conflicto y a la situación financiera de Martinsa-Fadesa.

Entre los investigados, se encontraba el presidente de un banco de inversión que había facilitado la inversión de Moya, quien, según los fiscales, podría haber conspirado con el presidente de la constructora para perjudicar al inversor. Durante esta operación de información, Villarejo y Redondo accedieron a los registros de llamadas de varias personas clave, incluyendo detalles íntimos de sus comunicaciones.

Los pagos realizados por Moya a CENYT, que ascendieron a un total de 501.500 euros, se habrían realizado a través de múltiples transferencias que ocultaban la verdadera naturaleza de sus servicios, según los fiscales. Este entramado refleja un uso poco ético de su posición en la policía y plantea serias interrogantes sobre la corrupción en el sistema.

La Fiscalía también solicitó el archivo de la causa contra el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y reconoció que Moya no puede ser juzgado debido a su fallecimiento en enero de 2021, cerrando un capítulo lleno de intrigas y cuestionamientos sobre la legalidad en la acción pública y privada.