La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en su reciente Memoria Anual que los aforamientos representan un "privilegio procesal" que entorpece las investigaciones y facilita la ocultación de pruebas por parte de los investigados.

Según el informe correspondiente a 2024, la Ley de Amnistía al ‘procés’ ha supuesto una grave alteración de la estabilidad del Código Penal, que fue reformado para acoger la extinción de responsabilidad criminal en relación a los eventos del proceso independentista catalán.

Este hecho ha generado inquietud en la Fiscalía, que ha subrayado la importancia de mantener la seguridad jurídica dentro del marco legal. En su informe, se destaca que el Código Penal había gozado de una necesaria estabilidad hasta la introducción de la mudança en el artículo 130, que ahora contempla la amnistía como un aspecto a considerar en la extinción de la responsabilidad penal.

A pesar de esta reforma, la Fiscalía considera que durante el último año no se han producido cambios legislativos significativos que impacten de manera sustantiva los procedimientos, tanto en términos de sustancia como de forma.

Por otro lado, el informe advierte sobre las considerablemente largas demoras que afectan a los procedimientos judiciales en curso. Estas demoras son vistas como un obstáculo que socava tanto la eficacia de la justicia como su credibilidad ante la ciudadanía.

Entre las causas de estos retrasos, el documento menciona el alto número de investigados, las complejidades de las periciales económicas, así como la utilización de tácticas dilatorias por parte de los imputados, que se aprovechan de un sistema de recursos sobredimensionado que ralentiza el proceso judicial.

La Fiscalía alerta que estas circunstancias permiten a los investigados el tiempo necesario para encubrir evidencias, y contribuyen a la percepción de una justicia ineficiente, alimentando un ciclo de insatisfacción pública ante una respuesta penal que a menudo se siente insuficiente.

Asimismo, el Ministerio Público ha expresado su preocupación por el tiempo que transcurre entre la presentación de cargos y el inicio de los juicios, lo que se atribuye a la escasez de jueces, la falta de salas adecuadas y a la tendencia de priorizar otros casos más simples.

Cuando finalmente se llega a la celebración de los juicios, los incidentes que se juzgan pueden resultar prácticamente olvidados, lo que empaña la calidad de la evidencia presentada, generando fallos que no satisfacen las expectativas sociales, ya sean condenas o absoluciones.

Ante esta situación, la Fiscalía reitera su solicitud de crear nuevas unidades de apoyo especializadas en áreas contables y financieras, que son cada vez más relevantes, y hace un llamado a mejorar los recursos disponibles para los tribunales.

Finalmente, el fiscal Luzón ha propuesto la creación de órganos de instrucción que contribuirían a optimizar la eficiencia en la lucha contra la delincuencia económica, sin embargo, lamenta que hasta ahora no se ha presentado al Parlamento ninguna iniciativa para establecer un departamento especializado que aborde la complejidad de estos casos, que tienen un impacto significativo en la política y la sociedad.