El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su preocupación por la participación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la ceremonia de apertura del año judicial que se llevará a cabo mañana bajo la presidencia del Rey Felipe VI.

En una carta dirigida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, los diez vocales conservadores han solicitado que se comunique a García Ortiz que su intervención en el acto no es conveniente, especialmente teniendo en cuenta su situación legal actual y el procesamiento que enfrenta relacionado con la revelación de secretos en un caso que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, los vocales han instado a Perelló a hacer visible su rechazo frente a los ataques que el Gobierno ha dirigido hacia el poder judicial. Solicitan que se evite que el ministro de Justicia ocupe un lugar en el estrado durante el evento, en un intento por enfatizar la necesaria separación entre los distintos poderes del Estado.

La carta también destaca la importancia de informar a la Jefatura del Estado sobre esta situación para asegurar una adecuada coordinación institucional. Los firmantes han expresado su inquietud por el hecho de que un fiscal que está en medio de un proceso penal y en plena fase de juicio esté programado para dirigirse al Rey, a los magistrados que lo juzgarán y al público asistente.

A pesar de remarcar su respeto por la presunción de inocencia que asiste a toda persona, los vocales consideran que es inapropiado que García Ortiz participe en la ceremonia dadas las circunstancias. Según argumentan, esta situación podría comprometer la solemnidad del acto, especialmente si se tiene en cuenta que su actuación podría dar lugar a cuestionamientos sobre la capacidad de función de sus subordinados.

El bloque conservador ha señalado que es incomprensible que se tolere dicha situación, la cual podría generar tensiones innecesarias tanto para la Fiscalía General del Estado como para el Poder Judicial, y, en última instancia, para el propio monarca que preside el evento.

Por otro lado, la carta hace referencia al “contexto político de extraordinaria tensión”, que ha sido exacerbado por recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugiriendo que algunos jueces hacen política. Los vocales critican las afirmaciones generalizadas del jefe del Ejecutivo, que cuestionan la imparcialidad de los magistrados, las cuales también han sido reiteradas por otros miembros del Gobierno.

Esta situación, según los vocales, no solo es injusta, sino que también mina la confianza pública en uno de los pilares del sistema democrático. Recordaron a Perelló que la independencia judicial no debería verse como un privilegio, sino como una garantía fundamental para todos los ciudadanos. Resaltaron que, aunque las críticas a decisiones judiciales son válidas, la deslegitimación global del estamento judicial puede dañar el mismo sistema constitucional.

La preocupación expresada por el bloque conservador se suma a un comunicado emitido por varias asociaciones profesionales de jueces y fiscales que han instado a García Ortiz a no asistir a la ceremonia de apertura del año judicial. Aunque la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha compartido la preocupación, reconoce que, según la normativa vigente, el fiscal general debe asistir para presentar la memoria del ministerio fiscal, tal como lo establece la legislación correspondiente.

Desde la Fiscalía General del Estado han confirmado que García Ortiz tiene la obligación de estar presente en la apertura del año judicial, dado que es un requisito estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.