Tribunal israelí prohíbe registrar qué votantes acuden a las urnas
El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha declarado ilegal la práctica de que delegados de partidos políticos, incluido Likud, registren qué votantes ejercen su derecho en las elecciones. La decisión fue unánime y revoca una práctica que se había llevado a cabo desde 2020, permitiendo a los partidos recopilar datos de asistencia en los colegios electorales.
Este procedimiento, utilizado principalmente por formaciones de derecha y ultraconservadoras, permitía identificar a votantes potenciales que aún no habían ejercido su derecho y contactarlos para incentivar su participación. La práctica generó controversia, ya que se consideraba una posible vulneración del derecho al voto y la privacidad de los electores.
El fallo judicial establece que, sin una legislación específica que autorice tal recopilación de datos, su uso viola derechos fundamentales protegidos por la ley. La jueza Yael Willner subrayó que la costumbre, aunque prolongada, no justifica la existencia de un marco legal que la respalde, poniendo en cuestión su legitimidad.
Este pronunciamiento judicial contrasta con la postura de la Comisión Electoral Central, que previamente había autorizado la práctica. La decisión afecta especialmente a partidos como Likud y formaciones ultraortodoxas, que la habían implementado en los últimos años como estrategia de movilización electoral.
La reacción política no se hizo esperar. El ministro de Justicia, Yariv Levin, criticó la resolución y argumentó que la prohibición podría disminuir la movilización de votantes de derecha, en un contexto donde las elecciones israelíes están marcadas por una intensa polarización. Levin acusó a los magistrados de intentar frenar los cambios políticos en marcha.
Este fallo judicial se inscribe en un escenario donde las tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo han aumentado en Israel, especialmente tras las reformas impulsadas por Netanyahu en enero de 2023 para limitar la independencia judicial. La decisión podría tener implicaciones en la dinámica electoral y en el equilibrio de poder en el país.
De cara al futuro, la sentencia plantea el reto de definir un marco legal claro respecto a la recopilación de datos en procesos electorales, en un contexto de reformas judiciales y cambios políticos profundos. La controversia refleja las tensiones entre la regulación de la participación ciudadana y la protección de derechos fundamentales en Israel.