El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, comparecerá como testigo en un caso relacionado con la gestión de las residencias de mayores durante la crisis del Covid-19, donde se ha visto implicada una serie de exautoridades de la Comunidad de Madrid.

En un desarrollo reciente, tres antiguos altos funcionarios del gobierno regional, Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, han sido convocados como investigados en un nuevo procedimiento que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Este caso se centra en los trágicos fallecimientos en residencias durante la primera ola de la pandemia.

De acuerdo con la información proporcionada por las asociaciones de residencias Verdad y Justicia y Marea de Residencias, junto a confirmaciones de fuentes legalmente autorizadas, se espera que estos investigados realicen su declaración el próximo 17 de junio. Asimismo, la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina, también ha sido citada para comparecer por su vinculación con los hechos.

Esta es la segunda causa abierta en apenas una semana. El viernes anterior, tanto Mur como Martínez Peromingo debieron comparecer ante un tribunal de Madrid; sin embargo, su declaración se vio suspendida debido a alegaciones de sus defensas sobre la falta de traslado de las actuaciones necesarias. Ambos se enfrentan a acusaciones por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, conducta tipificada en el artículo 511 del Código Penal español.

Carlos Mur, en aquel marzo de 2020, ocupaba el cargo de director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y fue quien firmó los protocolos que prohibían las derivaciones hospitalarias desde las residencias en medio de la crisis sanitaria.

Por su parte, Javier Martínez Peromingo era el geriatra encargado de la supervisión de 47 residencias dentro del área del Hospital de Móstoles y asumió el liderazgo del cargo de director general tras el cese de Mur en mayo de 2020.

Asimismo, Pablo Busca, en su rol como director gerente del Summa 112, fue responsable de la atención ambulanciera durante el punto álgido de la pandemia, y diversas asociaciones han señalado que las ambulancias desempeñaron un rol crucial al no acudir a recoger directamente a los residentes enfermos.

Cabe mencionar que el procedimiento en el Juzgado 6 de Leganés no se originó a partir de una denuncia formal de la Fiscalía, sino que fue impulsado por una querella presentada por dos familiares de afectados.

Además de la declaración de estos tres implicados, el próximo 3 de junio también testificará Alberto Reyero, quien ha sido un crítico constante de las políticas implementadas desde su dimisión en mayo de 2020. Junto a él, comparecerán otros cuatro testigos: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; Antonio Burgueño, asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes que iniciaron este proceso.