El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado una propuesta para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3% para el año 2025. Sin embargo, ha dejado claro que este aumento no será aceptado por el gobierno, ya que no responde a las expectativas ni a las recomendaciones del comité de expertos que asesora en esta materia.

Pérez Rey ha subrayado que un incremento del 3% no resulta adecuado, aduciendo que no cumpliría con el compromiso de que el SMI alcance el 60% del salario medio. Este compromiso, ha afirmado, es esencial tanto para el Gobierno como para la ciudadanía y está alineado con los estándares internacionales que España se ha comprometido a seguir.

En la reciente mesa de diálogo social, donde se han reunido representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, se discutieron diversas propuestas, entre ellas la indexación del SMI a los contratos públicos y la necesidad de ayudas para el sector agrícola. No obstante, Pérez Rey ha señalado que las propuestas de CEOE no estaban claramente delineadas y por ende, su efectividad es cuestionable.

De concretarse la propuesta de CEOE, el nuevo SMI ascendería de 1.134 euros mensuales a 1.168 euros, un incremento de 34 euros. Esto se contrapone al aumento del 4,4% que ha planteado el Ministerio de Trabajo, que llevaría el salario mínimo a 1.184 euros, alineado con las recomendaciones del grupo de expertos del gobierno.

El secretario de Estado ha valorado de manera positiva que la CEOE finalmente presente una propuesta de aumento, considerando que antes mostraron una postura de bloqueo durante las negociaciones para reducir la jornada laboral. Sin embargo, ha calificado la oferta actual como "insuficiente".

Pérez Rey ha indicado que habrá que esperar a una próxima reunión para evaluar si la CEOE está dispuesta a ajustar sus propuestas, de manera que se logre un consenso con los sindicatos. Ha enfatizado la importancia de esta negociación, ya que existen amplias implicaciones para numerosos trabajadores en diversas regiones de España.

Ha resaltado que la subida del SMI podría beneficiar hasta al 20% de los trabajadores en Extremadura y a un 15% de los castellanomanchegos. La mayoría de los beneficiarios serían mujeres y jóvenes, lo que convierte esta decisión en un asunto de gran relevancia social.

Respecto a las otras propuestas de CEOE y Cepyme, ha asegurado que si hay un acuerdo sobre el porcentaje del aumento del SMI, estas preocupaciones adicionales no deberían impedir que se llegue a un consenso en la mesa de diálogo social.

Pérez Rey ha sido claro sobre las exigencias que se han presentado a la CEOE para llegar a un acuerdo, manifestando deficiencias en la respuesta obtenida hasta el momento. También ha reafirmado su compromiso de aprobar el SMI lo antes posible, para mitigar los efectos adversos de que el salario mínimo regrese a sus valores del año 2023 debido a la caída de la prórroga del decreto ómnibus.

Criticó de manera contundente la oposición del Partido Popular (PP) a la prórroga del SMI, describiéndola como "destructiva e insensata". Esta decisión, según él, complica mucho la situación de los trabajadores al obligar a que el SMI de 2024 no se prorrogue y regrese a los 1.080 euros mensuales.

A pesar de la situación generada, ha intentado trasladar un mensaje de tranquilidad a los más de dos millones de trabajadores que dependen del SMI, prometiendo que el Ministerio de Trabajo tomará medidas para que esta falta de prórroga no tenga repercusiones negativas en los salarios.

Pérez Rey ha reiterado que todo trabajador afectado será compensado de manera retroactiva a través de un Real Decreto, asegurando que se seguirán estableciendo pautas que garanticen el respeto del SMI para el año 2024.

Además, ha declarado que explorarán todas las posibilidades para acelerar la tramitación normativa que permita subsanar esta situación excepcional causada por la decisión del PP.

En cuanto al impacto fiscal del nuevo SMI, ha aclarado que la competencia recae en el Ministerio de Hacienda, no en el Departamento de Trabajo de Yolanda Díaz.

Desde los sindicatos, CCOO y UGT han expresado su preocupación por la caída del decreto ómnibus, pero han respaldado el mensaje de calma del Gobierno, asegurando que su impacto será mínimo. Se han comprometido a trabajar para alcanzar un acuerdo que minimice cualquier inconveniente para los trabajadores.

Han sugerido que una posible modificación del Real Decreto del SMI para 2025 podría ayudar a proteger a las personas contratadas durante este periodo incierto. No obstante, han defendido que las propuestas de CEOE están por debajo de sus expectativas, que rondan los 1.200 euros mensuales, en cumplimiento del 60% del salario medio según la Carta Social Europea.

Por otro lado, CCOO ha criticado las otras propuestas de CEOE por no tener coherencia, argumentando que el sector agrícola está disfrutando de buenos márgenes de beneficios. A su vez, UGT ha solicitado discutir compensaciones y pluses que afectan el cálculo del salario mínimo, para evitar que se diluyan bajo el impacto del nuevo alza.

Ambos sindicatos han reiterado su compromiso de alcanzar un acuerdo rápidamente, pero han asegurado que no sacrificarán la mejora de las condiciones laborales en este proceso.