La fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha decidido presentar cargos en contra del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por su supuesto papel en la muerte de más de 70 personas durante su viguroso enfoque contra el narcotráfico.

En una declaración emitida el lunes, el organismo acusó formalmente a Duterte de crímenes de lesa humanidad, asociándolo con una serie de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en las campañas antidrogas que se llevaron a cabo bajo su administración desde 2016 hasta 2022, así como durante su periodo como alcalde de Dávao entre 2013 y 2016.

Los fiscales manifestaron que Duterte y sus colaboradores estaban implicados en un plan que buscaba "neutralizar" a presuntos narcotraficantes y otros individuos relacionados con el consumo y la distribución de drogas, utilizando medios violentos, incluido el asesinato. Esta acusación fue documentada en un escrito fechado el 4 de julio y divulgado recientemente.

El exmandatario, de 80 años, está detenido en La Haya desde marzo y enfrenta los cargos de haber coautoría indirecta en 19 asesinatos durante su mandato como alcalde. Los otros dos cargos vinculados se conectan con su actuación como presidente.

Los fiscales han identificado a Duterte en relación con 14 homicidios de alto perfil entre 2016 y 2017, junto con otros 43 asesinatos que forman parte de una "limpieza" de criminales entre 2016 y 2018. Según el documento oficial, estos eventos reflejan una serie de asesinatos sistemáticos que ocurrieron a lo largo de este periodo.

Por su parte, la actual vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha denunciado que el TPI ha "sustraído de forma forzosa" a su padre, en lugar de permitir que enfrente un juicio en su nación. Defiende la postura de que este proceso es una "caza de brujas" en su contra.

La defensa de Duterte ha argumentado que el exlíder no tiene acceso a representación legal adecuada y que es objeto de acciones orquestadas por el gobierno actual para socavar su legado político.

Es relevante mencionar que Filipinas fue miembro del TPI desde noviembre de 2011, pero inició su proceso de retirada en 2018, que se concretó en marzo de 2019. Sin embargo, el tribunal mantiene jurisdicción sobre los crímenes ocurridos en Filipinas durante el periodo en el que fue parte del organismo.

Las cifras oficiales del gobierno filipino reconocen aproximadamente 6.000 muertes fruto de las operaciones antidrogas, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que esta cifra podría ser tan alta como 30.000.