El pasado miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso crucial al aprobar un importante paquete de financiación destinado a la defensa, que asciende a un total de hasta 900.000 millones de dólares, que equivale a aproximadamente 770.000 millones de euros. Este paquete no solo implica un aumento salarial para las fuerzas armadas, sino que también incluye asistencia militar para Ucrania. Adicionalmente, establece la opción de retener ciertos fondos destinados a los viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si este no proporciona imágenes sin editar de los ataques contra supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico.

El proyecto, conocido formalmente como la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), pasó en la Cámara Baja con una votación de 312 a 112, siendo la mayoría de los votos en contra provenientes del partido demócrata. De recibir la aprobación del Senado, este nuevo marco legislativo incluiría, entre otras cosas, restricciones a las inversiones estadounidenses en China y la revocación total de las sanciones impuestas a Siria, reflejando un enfoque más rigidizado en política internacional.

La medida también hace referencia a una reciente advertencia al secretario de Defensa, donde se plantea la retención de fondos de su presupuesto de viajes si no se presentan las grabaciones de los ataques a embarcaciones en el Caribe, que han suscitado gran controversia debido al bombardeo que resultó en la muerte de varios supervivientes. Esta aprobación se produce tras la confirmación de un segundo ataque por parte del Pentágono, justo después de que un primer bombardeo matara a la mayoría de la tripulación de una embarcación sospechosa de transportar narcóticos.

A pesar de la controversia, las autoridades de Washington defienden la legalidad de las acciones tomadas por el mando militar, atribuyéndolas a órdenes claras del secretario de Defensa y del almirante Frank Bradley, quien lidera las Operaciones Especiales. La decisión de la administración, que finalmente recaerá en el presidente Donald Trump, sobre la divulgación de estos registros ha sido objeto de debates, ya que Hegseth ha mostrado reticencia a compartir este contenido con el público.

Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo 22 bombardeos en el mar Caribe y el océano Pacífico, resultando en un total de al menos 86 muertes. Hegseth declaró que estas acciones "apenas han comenzado", lo cual preocupa a muchos acerca de las implicaciones que esto puede tener en la región.

Otro apartado destacado en el paquete de defensa es la disposición que permite a las Fuerzas Armadas operar sin restricciones en el espacio aéreo de Washington, según lo señalado por Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Ella expresó su oposición vehemente a esta cláusula, argumentando que va en contra de las medidas de seguridad implementadas tras un grave accidente entre un vuelo comercial y un helicóptero militar en enero, que dejó un saldo trágico de 67 fallecidos.

La disposición, que ha sido calificada como "vergonzosa" por Homendy, representa un regreso indeseado en materia de seguridad. Ella enfatiza que esta medida pone en riesgo no solo a los pasajeros y a las aeronaves, sino también a los residentes y visitantes de la capital. Homendy abogó por una colaboración entre agencias para prevenir futuros incidentes, rechazando la noción de que se repitan las condiciones que llevaron a la tragedia del 29 de enero.

En este sentido, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha expresado su preocupación a través de un comunicado en la red social X, pidiendo al Congreso que elimine esta polémica disposición y siga las recomendaciones de los expertos en seguridad. Ella subrayó que las recientes recomendaciones emitidas por diversas agencias federales se ignoran en este marco legislativo, lo que podría comprometer la seguridad de quienes vuelan hacia y desde la capital del país y revertir los avances realizados en esta materia.