En una reciente declaración ante la Audiencia Nacional, Francisca de los Santos, relacionada con un complicado caso de supuesto fraude en el IVA en el sector de hidrocarburos, ha decidido defender su inocencia. La mujer, vinculada al presunto intermediario Víctor de Aldama, ha rechazado cualquier implicación en la trama y ha insistido en que la empresa que gestionaba se dedicaba únicamente a la limpieza de automóviles y hogares.

Según informaron fuentes legales a Europa Press, De los Santos explicó durante su comparecencia que vendió su empresa, Casmar Hidrocarburos SL, debido a complicaciones en su embarazo que le impidieron continuar con las operaciones de la compañía. La gestora indicó que fundó la empresa en diciembre de 2020 y que la traspasó en mayo de 2023 a un empresario llamado Francisco Javier Rodríguez, quien había sido llamado a declarar, pero que lamentablemente falleció el año anterior.

Documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) sugieren que tanto ella como Rodríguez actuaron como testaferros para una organización criminal con el objetivo de llevar a cabo un fraude en el sector. Se les acusa de utilizar la sociedad Casmar Hidrocarburos SL para simular la venta de productos petrolíferos y así eludir sus obligaciones fiscales, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto al Estado.

Los interrogantes se agudizan, ya que las autoridades apuntan que la empresa fue utilizada para desviar fondos de origen ilícito hacia Portugal, con el fin de ocultar dichos recursos. No obstante, De los Santos ha negado cualquier vínculo con los presuntos cabecillas de la organización, defendiendo que su relación con Rodríguez se limitaba a la venta de su negocio, y desafiante, afirma que el traspaso se realizó sin deudas.

A pesar de la formalización de la venta en mayo, De los Santos indicó que firmó un contrato dos meses antes y no tiene conocimiento de las acciones que su sucesor pudiera haber tomado durante el periodo de transición. Además, ha manifestado que no estaba al tanto de las 111 empresas que Rodríguez tenía bajo su control.

La UCO sostiene que Rodríguez tomó las riendas de Casmar Hidrocarburos SL de forma similar a De los Santos, desempeñando también un rol de testaferro bajo la dirección de la supuesta organización criminal. En este contexto, las autoridades estiman que el daño económico por el fraude podría ascender a unos 231,7 millones de euros.

Las audiencias seguirán este jueves, donde se espera que varios implicados, como Jaime Salmerón e Iván Castañer, comparezcan ante el juez. Sin embargo, se informa que Salmerón no ha podido ser notificado sobre su citación. Según la UCO, Salmerón también desempeñó funciones de testaferro, siendo el administrador único de otra empresa vinculada, Carburantes Jalón Plaza SL, mientras que Castañer es el responsable de Skyward Tech SL, ambas supuestamente al servicio de la organización para llevar a cabo el fraude haciéndose pasar por suministradoras.

El juez lleva a cabo una minuciosa investigación sobre un esquema delictivo orquestado a través de Villafuel SL, que implicaría graves irregularidades fiscales en el sector. Este tipo de fraudes ha llevado a aperturas de múltiples causas en varios juzgados de la Audiencia Nacional.

La mecánica del fraude involucra la adquisición de productos petrolíferos mediante empresas que abonan solo impuestos especiales, eludiendo el IVA hasta que este es reclamado a las gasolineras. La estrategia implica no ingresar el IVA que les correspondería cobrar. Aunque se trata de un esquema básico, la UCO advierte que las organizaciones han adaptado sus métodos en respuesta a la presión judicial, estableciendo nuevos entes jurídicos para dificultar su identificación.

El objetivo de tales maniobras es enmascarar la identidad de los verdaderos líderes de la organización y proteger a las operadoras de posibles inhabilitaciones, dado lo complicado que resulta obtener la licencia de operador en el sector.