El Gobierno iguala indemnizaciones a víctimas del terrorismo sin necesidad de sentencia, beneficiando especialmente a afectados sin resolución judicial previa.
El Supremo venezolano aprueba la reforma de la Ley contra el Odio, permitiendo su debate en medio de tensiones políticas y críticas por su uso represivo.
La ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad entra en vigor, fortaleciendo su protección legal y seguridad en el ejercicio de sus funciones.
Feijóo propone retirar la nacionalidad a extranjeros que cometan delitos graves, buscando ajustar la legislación a la realidad europea y reforzar la confianza.
El Parlamento libanés elimina la pena de muerte, en un contexto regional de retrocesos y reformas judiciales en Medio Oriente.
Muñoz Machado, en tres academias del Instituto de España, analiza el impacto de la digitalización en el Derecho Administrativo y el control del poder público.