El Parlamento libanés aprueba la abolición de la pena de muerte en un contexto regional complejo

El Parlamento del Líbano ha aprobado este martes la eliminación de la pena de muerte, poniendo fin a una moratoria tácita que se mantenía desde 2004. La modificación legal reemplaza la condena capital por cadena perpetua con trabajos forzados agravados, afectando a quienes sean condenados a partir de ahora.

Este cambio legislativo responde a una tendencia interna en el país, donde las instituciones han buscado alinearse con principios internacionales de derechos humanos. La iniciativa, promovida por el diputado Abdurramán al Bizri, modifica artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, eliminando los procedimientos para ejecuciones.

El ministro de Justicia, Adel Nasar, calificó la medida como un paso histórico, aunque la decisión no contó con el apoyo de la coalición chií Hezbolá. Los miembros de este partido-milicia abandonaron la sesión antes de la votación, evidenciando las tensiones políticas existentes en torno a la cuestión.

Este avance en la legislación libanesa contrasta con la situación en países vecinos. Israel aprobó en marzo una ley que contempla la pena de muerte en casos de terrorismo, restringida a palestinos. En Jordania, en junio, se llevaron a cabo ejecuciones masivas por delitos relacionados con terrorismo y narcotráfico, en un escenario de mayores retrocesos en el uso de la pena capital en la región.

La decisión libanesa se inscribe en un contexto político interno marcado por crisis económicas, sociales y una fuerte presencia de actores internacionales que presionan por reformas. La abolición de la pena capital podría reflejar una intención de mejorar la imagen internacional del país y avanzar en derechos humanos, aunque las dificultades políticas internas persisten.

De cara al futuro, esta reforma legal puede abrir un debate más amplio sobre las políticas penitenciarias y los derechos humanos en Líbano. La influencia de las dinámicas regionales y la presión internacional serán determinantes para el desarrollo de otras reformas en materia de justicia y derechos civiles.