El partido Sumar ha manifestado su intención de que la regularización de medio millón de inmigrantes sea debatida y aprobada en el Pleno del Congreso mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en lugar de recurrir a un real decreto. Según sus representantes, esta decisión responde a un principio de respeto por la democracia, así como por las personas que han apoyado la ILP con sus firmas. No obstante, han aclarado que, si es necesario, están dispuestos a explorar otras opciones que permitan llevar a cabo esta regularización.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Martínez Barbero, portavoz de Sumar, enfatizó que su partido ha estado desde el principio buscando cualquier alternativa viable para lograr la regularización. Reiteró que las ILP deben ser llevadas al Pleno y aprobadas, subrayando el respeto que se debe a los ciudadanos que han contribuido con sus firmas. "Aspiramos a que la ILP sea respaldada, pero no descartamos ninguna medida que logre beneficiar al mayor número posible de personas", afirmó.

Fuentes del partido han señalado que su objetivo es garantizar que la regularización se realice con la mayor seguridad jurídica posible. Insisten en que este proceso debe llevarse a cabo a través de la ILP, ya que muchos ciudadanos han trabajado arduamente para conseguir las firmas necesarias. En este sentido, subrayan que las ILP no deberían ser subestimadas, y confían en desarrollar un diálogo con sus socios de gobierno para facilitar el avance de la propuesta en el Congreso.

En una declaración paralela, Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid, hizo un llamado al PSOE para que deje de ser un obstáculo en el proceso de regularización. Propuso que, en caso de no conseguirlo a través de la ILP, se avance a un real decreto. "El verdadero escollo aquí es el PSOE, y están en riesgo de perder una grandiosa oportunidad si no apoyan esta regularización impulsada por la ciudadanía", afirmó durante una conferencia en el Congreso.

Sidi recordó que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a cabo una regularización similar, y considera que el momento actual es propicio para implementar una nueva, que representaría lo que él denomina como "la mejor política antirracista" del período legislativo presente, al ofrecer apoyo a miles de personas en el país.

En caso de que la regularización no avance por la vía de la ILP, Sidi sugirió la opción de actuar mediante un real decreto, subrayando que esta política es más urgente que nunca. "Conceder derechos es, sin duda, la forma más efectiva de contrarrestar el crecimiento de políticas discriminatorias y el odio que, según ella, el PP está promoviendo", declaró.

Respecto a la reciente propuesta de Vox, que ha sido respaldada por el PP en Valencia para diferenciar estadísticamente a la población migrante de la población nacional, Sidi calificó dicha propuesta de "barbaridad". Criticó la idea de un "carné por puntos para migrantes" y los "catálogos discriminatorios" que se limitan solo a aquellos que reciben ayudas, dejando de lado a quienes ingresan al país con grandes recursos económicos.

En respuesta, la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, advirtió que esta iniciativa de segregación estadística refleja un sentimiento de odio y podría llegar a ser incluso ilegal. Considera que es una táctica para desviar la atención de otros temas importantes y pone en peligro los derechos fundamentales de los migrantes, enfatizando la necesidad de abordar estas cuestiones de manera más responsable.

Finalmente, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, defendió la propuesta de diferenciación, argumentando que busca analizar los efectos de la inmigración masiva en diversos aspectos de la sociedad, incluyendo la criminalidad. "No hay nada de malo en querer entender las consecuencias de esta situación", concluyó.