
En declaraciones recientes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que las Fuerzas Armadas permanecerán en la zona afectada por desastres naturales el tiempo que sea necesario, un compromiso que subraya la importancia de la seguridad y el apoyo a la ciudadanía en momentos críticos. "Estaremos aquí hasta que los ciudadanos nos digan 'váyanse ya'", aseguró, enfatizando el deber de los militares en situaciones de emergencia.
La ministra ofreció un detalle importante sobre la cronología de la respuesta ante la reciente DANA que golpeó varias comunidades autónomas, particularmente la Comunidad Valenciana. Aseguró que transcurrieron "casi cinco horas, desde las 15.59 hasta las 23.36", desde que la Generalitat solicitó la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un principio solo para las localidades de Utiel y Requena. Esta solicitud se amplió más tarde para toda la provincia de Valencia, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Durante su intervención en el Pleno del Senado este miércoles, convocada por el Partido Popular para que Robles expusiera su enfoque en la gestión de este temporal devastador, se abordó el trágico balance de más de 200 fallecidos a causa del fenómeno meteorológico. La defensa de la rápida acción del gobierno se convierte en un punto central del discurso político en torno a la respuesta a este desastre.
Robles aclaró que, desde el primer momento de la emergencia, un grupo inicial de 96 militares ya estaba trabajando en la región de Utiel-Requena. Además, destacó la movilización adicional de más efectivos de las Fuerzas Armadas, que se realizó durante la noche del 29 al 30 de octubre, reforzando la asistencia en las áreas más necesitadas.
En su discurso, la ministra enfatizó el compromiso del Gobierno de España para poner a disposición de la Generalitat valenciana "todos los recursos disponibles para hacer frente a la emergencia". Este tipo de colaboración intergubernamental se considera fundamental para lograr una recuperación efectiva y coordinada en situaciones de crisis, reafirmando el papel que deben jugar las instituciones en la protección del bienestar de los ciudadanos.
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