El escándalo del 'caso Koldo' sigue generando controversia en el ámbito judicial español. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga medidas cautelares a Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur de Acciona Construcción España. En su petición, reclama que se le retire el pasaporte, se le prohíba salir del país y se le exija comparecer cada quince días ante la justicia.

Responsables del ámbito legal han confirmado a Europa Press que el fiscal Alejandro Luzón ha presentado estas medidas al juez Leopoldo Puente durante una audiencia celebrada el lunes. Esta solicitud se produce tras la declaración de García Alconchel como investigado en una causa que examina la posible existencia de una trama de corrupción relacionada con licitaciones de obras públicas a cambio de sobornos.

Este requerimiento del Ministerio Público se suma a la decisión del magistrado que el 3 de diciembre impuso medidas cautelares similares a otros dos exejecutivos de Acciona: Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de la empresa en España, y Tomás Olarte, quien ocupó el cargo de director de la zona norte. Estas acciones siguen la línea de investigación presentada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los informes de la UCO han revelado conexiones entre Acciona y Servinabar, una empresa que se encuentra en el centro del escándalo, y destaca un acuerdo firmado en 2015 por ambas partes para buscar “nuevas oportunidades de negocio”, donde Servinabar se llevaría un porcentaje significativo de las ganancias.

En el caso específico de García Alconchel, las autoridades han puesto de manifiesto su firma en los Memorándum de Entendimiento entre Acciona y Servinabar relacionados con adjudicaciones de obras. Además, se ha vinculado su nombre con el proyecto para el puerto de Kenitra en Marruecos, en el que Acciona aspiraba a competir.

El informe también menciona que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se sumó de manera abrupta a un viaje oficial en 2019, acompañado por el exministro José Luis Ábalos y su asesor de entonces, Koldo García, relacionado con esta trama.

Frente a las acusaciones, García Alconchel ha negado cualquier acto irregular en relación con los contratos de obra, afirmando no conocer a Cerdán. Además, ha defendido que la comisión del 2% es una práctica habitual en su sector, asegurando que al firmar el memorándum ya existía una relación de trabajo entre Servinabar y Acciona, por lo que no sintió la necesidad de realizar más verificaciones.