El 21 de julio, en Madrid, se ha hecho palpable la preocupación de 15 comunidades autónomas que han solicitado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que convoque con urgencia la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esto es fundamental para la aprobación de los informes sexenales de la Directiva Hábitats, la cual debe ser presentada ante la Unión Europea antes de finalizar el mes. La situación es especialmente delicada con respecto al lobo, una especie que ha sido objeto de controversia en los últimos años.

Según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, los gobiernos regionales han expresado su desacuerdo con los argumentos de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, quien decidió cancelar la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada y la Conferencia Sectorial prevista para este martes. Los representantes autonómicos enfatizan que esta suspensión compromete el cumplimiento de las obligaciones legales de España bajo la Directiva Hábitats y, por ende, afecta a los compromisos asumidos por los firmantes de la carta.

Entre los firmantes de esta misiva se encuentran destacados representantes de diferentes comunidades, incluyendo las Xunta de Galicia, Junta de Andalucía, Gobierno de Cantabria y la Generalitat Valenciana, entre otros. Un total de 15 CCAA han elevado su voz en unión, incluyendo a Asturias y Navarra, gobernadas por el PSOE.

Además de la solicitud sobre los informes sexenales, la carta también demanda que se aborden otros temas en la Conferencia Sectorial, como el acuerdo para la distribución de fondos destinados a actuaciones en el marco del PIMA Cambio Climático, así como la distribución de créditos para la conservación y restauración de la biodiversidad para el año 2025.

La protección del lobo ha generado un intenso debate, especialmente desde que en 2021 el Gobierno decidiera incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Este desacuerdo ha crecido tras la reciente aprobación de una ley en el Congreso que busca prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, que contiene cláusulas que, en la práctica, permitirían reanudar la caza del lobo ante el nuevo enfoque de la Unión Europea sobre la especie.

A principios de este mes, el Defensor del Pueblo decidió llevar estas cláusulas al Tribunal Constitucional, aunque sin solicitar medidas cautelares. Se espera que este tribunal considere el recurso en su próximo Pleno, según han indicado fuentes legales a Europa Press.

Una de las cláusulas de la ley establece que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente deberá aprobar los informes sexenales a recomendación de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta Comisión se celebró el miércoles pasado, y según fuentes autonómicas, recibieron un borrador de informe que desestimaba las alegaciones de las comunidades que se identifican como ‘loberas’ (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria).

Las comunidades afectadas también han solicitado que se comparta con las otras autonomías el informe que ellas mismas han elaborado, basándose en sus propias estadísticas y datos. Al final, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez Sancho, accedió a someter a votación el informe, que fue respaldado por todas las CCAA, a excepción de Melilla, que no pudo participar, y Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, que optaron por la abstención.

En conclusión, la reunión culminó con la decisión de que el informe que se presentará en la Conferencia Sectorial será el aportado por las comunidades autónomas en lugar del elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica.