Puente ofrece diálogo a Canarias sobre gestión aeroportuaria, pero recuerda que es competencia estatal
Puente defiende el modelo aeroportuario en red y ofrece diálogo a Canarias, pero recuerda que la gestión es competencia del Estado. Contexto político y recuperación del sector.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reiterado que la gestión de los aeropuertos en Canarias sigue siendo competencia del Estado, pero ha mostrado disposición a mejorar la coordinación con las autoridades autonómicas. En su intervención en el Congreso, Puente destacó que el sistema aeroportuario español ha recuperado y superado los niveles previos a la pandemia, con un aumento superior al 15 por ciento en tráfico, incluyendo Canarias.
La gestión aeroportuaria en España se mantiene en red, considerada una de las estrategias de mayor éxito en la organización del transporte aéreo nacional. Sin embargo, las particularidades territoriales del archipiélago han sido objeto de debate político, especialmente en el contexto de las competencias autonómicas y la búsqueda de soluciones específicas para Canarias.
El Gobierno central ha manifestado su intención de reforzar el diálogo y la coordinación con las comunidades autónomas, sin alterar el marco constitucional. En particular, se ha mencionado la posibilidad de explorar fórmulas que respeten la legalidad y que atiendan las necesidades singulares del archipiélago.
Además, Puente recordó que el Ejecutivo ya aplica medidas como la bonificación de hasta el 75% en billetes aéreos para residentes, una política que contribuye a mantener la conectividad y a mitigar las dificultades de desplazamiento en Canarias. Todo ello en un contexto de recuperación del sector y de estabilidad en la gestión aeroportuaria nacional.
La postura del Gobierno refleja un equilibrio entre la defensa del modelo actual y la voluntad de atender las particularidades del archipiélago. El debate político sigue abierto, en un momento en que la gestión aeroportuaria es clave para la economía y la movilidad en Canarias y en todo el país. La evolución futura dependerá de las negociaciones y del marco legal vigente, que limita las competencias autonómicas en este ámbito.