El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decidido suspender de manera temporal las operaciones de un centro de refugiados en la localidad, al haber constatado que las instalaciones carecen de la licencia necesaria para su uso como residencia. Este hecho ha llevado a las autoridades locales a criticar lo que consideran una "negligencia institucional" por parte del Gobierno central, que planeaba trasladar migrantes desde Canarias a este centro.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, se pronunció sobre la situación, enfatizando que la decisión de cerrar el centro se basa en el incumplimiento de la normativa vigente. “Estamos actuando conforme a la ley, tal como lo haríamos con cualquier establecimiento que no acatara las regulaciones. Esta actuación del Gobierno de España no solo es ilegal, sino también irresponsable”, afirmó Tejero en un comunicado a Europa Press.

Tejero también resaltó la rapidez con la que se transformó este centro, pasando de ser un espacio docente a albergar a más de 500 personas sin la debida autorización. “Es una grave irresponsabilidad alojar a personas en un lugar que no tiene licencia, sin ningún tipo de control o garantía”, añadió la alcaldesa.

La resolución del cierre temporal llegó después de que el Ayuntamiento realizara una inspección al conocer que el Gobierno pretendía convertir el centro en una residencia permanente para 400 menores solicitantes de asilo. Los representantes del Partido Popular han subrayado que el Consistorio ha manifestado su oposición en varias ocasiones a la utilización del centro para estos fines.

Con la notificación del cese de actividades en mano, el centro tiene un plazo de quince días para presentar recursos, aunque deberá cesar inmediatamente sus operaciones. Esto obliga al Ejecutivo a encontrar soluciones para reubicar a los actuales residentes en otras instalaciones. Según fuentes del Ayuntamiento, la prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de quienes están en el centro.