En Madrid, el 4 de junio, se ha intensificado la investigación referente al presunto espionaje que habría afectado al partido Podemos, en este caso bajo la revisión de un juez de la Audiencia Nacional. Un agente de la Policía Nacional ha sido llamado a declarar debido a sus indagaciones sobre Pablo Iglesias, el exlíder de la formación, en relación a un rumor que lo implicaba en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El juez Santiago Pedraz, en un documento enviado a Europa Press, ha decidido atender la solicitud de la Fiscalía y ha citado al inspector para el próximo 3 de julio a las 10:15. La investigación se centra en determinar la legitimidad de las consultas realizadas sobre Iglesias, motivadas por la conexión de otro exdirigente del partido con un caso de drogas.

La Fiscalía ha identificado al ex eurodiputado Miguel Urbán como el político en cuestión en esta investigación. En su comunicación, se afirma que el representante de la Policía Nacional deberá comparecer acompañado de un abogado para salvaguardar sus derechos durante el proceso.

Curiosamente, esta decisión se produce el mismo día en que el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, ha comparecido como testigo. Además, el juez ha postergado la citación del inspector Bonifacio Díez Sevillano, que estaba programada para este viernes, fijándose ahora para el 30 de junio.

La controversia comenzó hace más de un año, cuando Podemos presentó una querella por varios delitos, incluyendo organización criminal y revelación de secretos. Aunque también se incluyeron acusaciones de malversación y delitos contra instituciones del Estado, el juez desestimó esas imputaciones por no ser aplicables según los hechos denunciados.

En su querella, Podemos sostenía que funcionarios públicos, supuestamente bajo el liderazgo del anterior secretario de Estado de Seguridad, realizaban investigaciones sin justificación legal y al margen de la supervisión judicial o fiscal, dirigidas contra su formación política.

Asimismo, el partido denunciaba que el exsecretario proporcionaba información regularmente a su superior, Fernández Díaz, en combinación con varios agentes, con la intención de filtrar esos datos a medios de comunicación. Esto, afirmaban, tenía como fin socavar la imagen pública de los miembros de Podemos, poniendo en riesgo su integridad y la de sus representantes.

La denuncia especificaba diversas acciones, entre ellas investigaciones del entonces líder Pablo Iglesias a través del informe PISA y la divulgación de documentos fraudulentos relacionados con cuentas bancarias, así como la manipulación de registros policiales para dar una apariencia de legalidad a las actuaciones ilegítimas de los acusados.