En Madrid, el 12 de septiembre, la coordinadora conocida como Recuperando ha decidido elevar una queja ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Esta organización se ha comprometido a trabajar en la recuperación del patrimonio que ha sido inmatriculado por la Iglesia Católica y busca que el Gobierno proporcione información más clara sobre estos bienes.

La coordinadora ha denunciado que aún persiste la falta de información sobre los bienes que la Iglesia ha inscrito a su nombre utilizando simplemente una "certificación eclesiástica". Han señalado que no ha habido avances en la comprensión ni en la solución de este asunto, lo que resulta preocupante.

En contexto, cabe recordar que en febrero de 2021, el Gobierno entregó al Congreso un estudio relacionado con la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia desde el año 1998. Este informe venía acompañado de un listado que incluía 34.961 inscripciones registrales.

A pesar de esto, la coordinadora ha hecho hincapié en que la información contenida en estas inscripciones es bastante limitada. Se concreta únicamente en detalles como "municipio", "título" y "tipo", careciendo de elementos críticos para su identificación precisa, tales como la dirección, el número de finca, o el código registral.

Además, la coordinadora ha indicado que este estudio forma parte de un expediente más amplio, conocido como "expediente 161/001437", que incluye, entre otros documentos, las notas simples de los registros que respaldan el estudio. No obstante, han destacado que esta parte del expediente aún no ha sido publicada.

La crítica hacia el Gobierno se ha intensificado, ya que la información proporcionada es considerada insuficiente y temporalmente limitada, ya que abarca solo el período de 1998 a 2015 y no contempla inmatriculaciones anteriores. Esta falta de datos impide, según ellos, la identificación de muchos de los bienes en cuestión.

Frente a esta situación, la coordinadora ha tomado acciones al comunicarse con la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, pidiendo el expediente completo que incluya todas las notas simples. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.

Finalmente, la coordinadora se dirige al Defensor del Pueblo para que exhorte al Gobierno a divulgar la información necesaria. Se sostiene que, en lugar de implementar cambios legislativos para facilitar la recuperación de los bienes que fueron inmatriculados incorrectamente, el Gobierno parece optar por ocultar información relevante, convirtiéndose así en un cómplice de este escándalo patrimonial.