ALMERÍA, 19 de noviembre.

La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha identificado a un nuevo investigado en el desarrollo de la segunda fase del caso conocido como 'Mascarillas'. Esta investigación se centra en presuntas irregularidades en contratos celebrados por la Diputación de Almería que habrían permitido la obtención de comisiones indebidas.

Con la incorporación de este nuevo implicado, el total de personas vinculadas a la trama asciende a ocho, de las cuales cinco han sido detenidas y tres más están bajo investigación. Entre los nombres destacados se encuentran el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y su vicepresidente segundo, Fernando Giménez, quienes han pasado la noche en las instalaciones policiales, según han señalado fuentes cercanas al caso.

Entre los detenidos se encuentra también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, del Partido Popular, quien se unirá a la lista de acusados que ya enfrentaban un proceso judicial previo. Los cargos se trasladarán al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, donde se investigan los posibles delitos.

También figura en la lista de arrestados el hijo del alcalde de Fines, que fue detenido durante la primera fase de la operación el año pasado, así como un técnico de Obras Públicas de la Diputación. Desde otro ángulo, se han identificado a dos empresarios y un tercer implicado que, a diferencia de los otros, han quedado en libertad.

La investigación se centra en delitos como el cohecho, la malversación de fondos públicos y el blanqueo de capitales, cada uno de los investigados enfrenta responsabilidades diferenciadas, según el rol que se les asigna dentro de la red delictiva.

Este martes, los registros se desenvolvieron durante más de diez horas, concluyendo en las instalaciones de la Diputación de Almería, donde se encontraban el presidente y el vicepresidente. Ambos, junto al alcalde, han sido suspendidos provisionalmente de militancia en el Partido Popular. También se realizaron inspecciones en domicilios particulares y sedes empresariales, especialmente en el Valle del Almanzora.

Las pesquisas realizadas sugieren que los investigados pudieron haber facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a ciertas empresas, con el fin de recibir comisiones de estas operaciones turbias.

El origen de esta segunda fase de la investigación se remonta a las acciones del junio de 2021, cuando fue detenido Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero y diputado de Fomento, por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas, guantes y EPIs durante la pandemia. La suma de contratación fue de 2.036.186,24 euros, aunque el monto pagado al proveedor no superó el millón de euros.

Los indicios de 'mordidas' vinculados a ese contrato inicial han impulsado nuevas averiguaciones, lo que ha llevado a la justicia a ampliar su investigación para determinar si se produjeron también cobros ilegítimos en otros contratos relacionados con obras y servicios, algunos de los cuales involucran al Ayuntamiento de Fines.