MADRID, 10 de diciembre.

La reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) que impone una condena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido objeto de duras críticas por parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La asociación considera que este fallo representa un "giro letal para la constitucionalidad", sugiriendo que las condenas ya no se fundamentan en pruebas fehacientes.

En un comunicado emitido tras la notificación de la sentencia, la UPF, a la que García Ortiz perteneció, sostiene que en un verdadero Estado de Derecho, las condenas deben basarse en una certeza indiscutible y no en una simple presunción. La organización argumenta que no se puede enlazar la hipótesis del tribunal con la culpabilidad sin pruebas concretas que lo respalden.

El pronunciamiento del tribunal, que filtró información sensible sobre un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es, según la UPF, un cambio radical en los estándares de justicia penal. "Ya no se condena en función de la existencia de pruebas, sino porque se considera que no hay argumentos suficientemente sólidos que desafíen la acusación", advierte.

Desde la perspectiva de la UPF, la lógica de esta sentencia infringe la presunción de inocencia, un principio esencial que protege a los ciudadanos de condenas injustas. "El estándar ha cambiado: si el acusado no puede presentar una defensa contundente, puede ser hallado culpable", manifiestan, lo que ellos consideran un cambio preocupante en la carga de la prueba.

La UPF subraya que tal razonamiento judicial es incompatible con un sistema penal justo, sugiriendo que el tribunal se ha dejado llevar por una exclusiva confirmación de hipótesis a partir de la eliminación de alternativas, en lugar de basar su decisión en evidencia tangible.

En cuanto al fallo, la UPF resalta que los cinco magistrados que votaron a favor de la condena fundamentaron su decisión en dos acciones distintas que se intentaron amalgamar en un único delito. Ello, afirman, requiere una rigurosidad mayor, pues la falta de pruebas concretas en un caso y el reconocimiento de las acciones del acusado en otro, no justifican una condena que puede gravitar sobre el sistema judicial.

La preocupación de la UPF trasciende el caso individual de García Ortiz; se interroga sobre la integridad del proceso judicial en general. "Surge la pregunta crítica: ¿puedo confiar en que el sistema de justicia me ofrecerá un proceso equitativo y lleno de garantías?", reflexionan.

Señalan que cuando la confianza en la justicia se erosiona, los ciudadanos quedan vulnerables ante el poder del Estado, enfatizando que la justicia debe ser no solo imparcial, sino también percibida como tal por todos. Cualquier sensación de irregularidad en un juicio de tal dimensión puede menoscabar la fe pública en el sistema, a pesar de que la sentencia formal sea técnicamente válida.

Asimismo, la UPF considera que el caso de García Ortiz no debería ser tratado como uno más dentro del ámbito penal común, dado que involucra una nota institucional cuyo objetivo era combatir una desinformación perjudicial. En este contexto, demandan que el tribunal maneje el caso con la máxima cautela, considerando las implicaciones para el prestigio de las instituciones del Estado.

También critican el adelanto del fallo por parte del TS, realizado sin una motivación escrita adecuada, lo que califican como un "error institucional grave". Aseguran que tal decisión refleja una falta de atención y respeto hacia el proceso deliberativo que debería caracterizar a un tribunal de tales responsabilidades.

Por último, a pesar de su desacuerdo con el veredicto del tribunal, la UPF enfatiza que su crítica nace desde un lugar de respeto institucional y la convicción de que el debate jurídico informado es fundamental para el fortalecimiento de la democracia.