En un reciente discurso, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó su decisión de no establecer una comisión independiente para investigar los ataques de las milicias palestinas ocurridos el 7 de octubre de 2023, que resultaron en la trágica pérdida de 1.200 vidas y cerca de 250 secuestros. Netanyahu argumenta que su Gobierno enfrenta una "campaña de presión" inusitada por parte de exfuncionarios que buscan influir en su gestión.

El primer ministro denunció, a través de un comunicado emitido en redes sociales, que algunos altos exfuncionarios están tratando de manipular la percepción pública y dictar las acciones del Gobierno, lo que afecta la estabilidad y cohesión del país. Estos individuos, según Netanyahu, han permitido que una "anarquía" crezca, poniendo en riesgo la unidad del Ejército israelí y la seguridad nacional.

Netanyahu enfatizó que la investigación de los sucesos del 7 de octubre será llevada a cabo por una comisión gubernamental compuesta por miembros de su gabinete, la cual promete ser "profesional" y "representativa" de todas las voces en el espectro político, incluyendo a la oposición. "Nuestro único compromiso es con la verdad, en pro de la seguridad de Israel", señaló, comparando su enfoque con el establecimiento de una comisión bipartidista en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.

La controversia ha cobrado fuerza luego de que Ronen Bar, exjefe del servicio de inteligencia interna Shin Bet, instara esta semana a la creación de una comisión independiente para investigar los ataques de octubre en un evento en la Universidad de Tel Aviv. Bar advirtió sobre la necesidad de una investigación que pueda aclarar los hechos y evitar futuras tragedias.

En su discurso, Bar, quien tuvo su primer pronunciamiento público tras dejar su cargo en junio, aseguró que es vital contar con una investigación liderada por expertos que tengan la capacidad de evaluar todos los aspectos de la situación, garantizando así que un ataque de tal magnitud no vuelva a ocurrir.

La destitución de Bar ha sido objeto de críticas tanto por parte de la oposición como de algunos sectores de la población, quienes ven su remoción como un acto de represalia por su investigación sobre una posible conexión corrupta entre el gobierno israelí, Qatar y el financiamiento del grupo terrorista Hamás.

Yair Lapid, líder de la oposición y ex primer ministro, ha manifestado que la renuencia del Gobierno a investigar sus fallas representa un serio riesgo para la seguridad nacional y es un manifiesto desaire hacia las familias de los soldados. Lapid sostiene que se trata de una clara evasión de responsabilidad ante las tragedias ocurridas.

Asimismo, el opositor Yair Golan, cabeza del partido Los Demócratas, criticó abiertamente la falta de independencia en este mecanismo de investigación gubernamental. "Quien es investigado no puede designar a sus propios investigadores", argumentó, y se comprometió a hacer todo lo posible para garantizar que cualquier comisión que se establezca actúe de manera independiente y sin restricciones.

El Consejo de Octubre, que representa a aproximadamente 2.000 víctimas y sus familias, también ha manifestado su desacuerdo con las acciones del Gobierno, acusando a Netanyahu de intentar ejercer control sobre los hechos y la narrativa en torno a esta dolorosa crisis.