MADRID, 1 de diciembre.

En una maniobra que ha generado intensos debates en el escenario político israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha optado por solicitar un indulto para evadir potenciales condenas relacionadas con múltiples casos de corrupción que aún mantiene abiertos en los tribunales. Esta decisión ha fracturado la opinión pública y, como era de esperar, ha suscitado críticas agudas desde las filas de la oposición.

Netanyahu ha apelado al presidente Isaac Herzog, pidiendo su apoyo para ser exonerado de todos los cargos que enfrenta. El primer ministro justifica su solicitud en la necesidad de salvaguardar intereses nacionales, una justificación que ha sido recibida con escepticismo y contracríticas políticas.

La estrategia de buscar un indulto se ha estado gestando durante varios meses, especialmente tras el respaldo verbal de Donald Trump, quien, en una reciente visita al Parlamento israelí, sugirió que Netanyahu debería ser liberado de estos problemas legales.

En su discurso, Trump minimizó los delitos imputados al primer ministro, señalando que el recibió regalos son situaciones comunes en el ámbito político: "Puros y champán, ¿a quién le importa?". Este apoyo ha sido reforzado por una carta que el ex presidente estadounidense envió a Herzog buscando fomentar la idea del indulto.

Trump ha manifestado en diversas oportunidades su incredulidad respecto a los cargos contra Netanyahu, calificándolos de “motivos políticos” y describiéndolos como un intento de causarle daño injusto.

El primer ministro se ha autoproclamado como víctima de un sistema judicial adverso en un momento crítico para Israel. Alega que los procesos judiciales son parte de una conspiración orquestada contra él y sostiene que resolver estos conflictos legales podría estabilizar la situación en la región.

Netanyahu está bajo la mirada de la justicia por una serie de acusaciones que incluyen fraude y sobornos. Su regreso al poder a finales de 2022 se produjo a pesar de los procesos judiciales abiertos en su contra.

Entre las denuncias se encuentra el abuso de poder, supuesto esfuerzo por influir en los medios de comunicación y manipular la cobertura informativa en favor de su administración. Un caso notable se remonta al año 2000, donde intentó establecer un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para recibir una cobertura favorable a cambio de influir en la competencia mediática.

Convirtiéndose en una figura histórica, Netanyahu es el primer mandatario israelí que enfrenta cargos formales mientras ejerce el cargo. La acusación más grave en su contra es el denominado Caso 4000, donde se le imputa soborno, fraude y traición a la confianza al favorecer a un empresario a cambio de una cobertura mediática benevolente.

Ilan Yeshua, exdirector de Walla, el portal de noticias involucrado, ha afirmado que recibía instrucciones para alterar la relevancia de los artículos, priorizando aquellos que favorecían al primer ministro y menospreciando contenido adverso.

Desde el inicio del conflicto en Gaza, Netanyahu ha argumentado que su situación legal ha complicado su capacidad de gobernar eficazmente. Ha solicitado postergaciones en sus comparecencias judiciales, justificando su petición en razones de salud y compromisos diplomáticos.

Recientemente, la corte aprobó una de estas solicitudes, aplazando una audiencia programada, aunque se espera que la próxima sesión se extienda más allá del tiempo habitual.

Durante su reciente aparición ante la corte, la Fiscalía acusó a Netanyahu de falsedad al declarar que consideraba que el portal Walla no tenía importancia. La fiscal Yehudit Tirosh criticó sus declaraciones, señalando que él mismo había participado activamente en entrevistas con el medio en cuestión.

Al enfrentarse a acusaciones de deshonestidad, Netanyahu ha descalificado a los fiscales, twitteando que han estado propagando información incorrecta a lo largo del proceso.

El enfrentamiento entre el mandatario y el sistema judicial también ha impactado en la figura de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, quien ha sido objeto de críticas tanto de Netanyahu como de sus aliados, que la acusan de promover su hasta ahora inamovible salida del gabinete.

Baharav-Miara, a su vez, ha denunciado que Netanyahu está aprovechando el contexto de la guerra en Gaza para transformar la legislatura en una amenaza contra el estado de derecho en Israel.

La fiscal advierte sobre un debilitamiento notable de las instituciones democráticas, argumentando que las medidas propuestas por el Ejecutivo podrían comprometer la imagen de Israel como una democracia con independencia judicial.

El gobierno continúa presionando para que la fiscal general se separe del cargo; sin embargo, Baharav-Miara se ha negado a participar en las vistas convocadas por el ministerio, describiéndolas como una "farsa".

A pesar de que el Gabinete israelí ya aprobó su destitución, la decisión aún no ha obtenido el visto bueno del Tribunal Supremo, en un contexto en el que parece que Baharav-Miara cuenta con el respaldo del presidente Herzog, quien ha calificado la situación de "caos total".

En un inusual giro de los acontecimientos, la petición de indulto de Netanyahu se presenta antes de una condena formal. Su abogado, Amit Hadad, ha presentado la solicitud al Departamento Jurídico de la Presidencia, donde se analizará antes de ser elevada al Ministerio de Justicia para que se recabe la opinión de las autoridades pertinentes.

La Presidencia ha aclarado que las opiniones serán consideradas y que Herzog tomará su decisión respetando el interés nacional. Aunque es poco probable que el indulto sea concedido, el proceso regular requiere que estas peticiones sean estudiadas al concluir los trámites legales, y los expertos aseguran que otorgar un perdón antes de un veredicto es un hecho sumamente raro en el ámbito legal israelí.