La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha impuesto una multa de 1,200 millones de euros a Meta Platforms, la multinacional dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, por transferir datos personales de sus usuarios desde la Unión Europea a los Estados Unidos. Según la investigación iniciada en agosto de 2020, las transferencias se llevaron a cabo en violación del artículo 46 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y, por lo tanto, la sanción también exige que Meta Ireland suspenda cualquier transferencia futura de datos personales a los EE.UU. dentro del período de cinco meses a partir de la fecha de notificación de la decisión del DPC.

Se trata de la multa más elevada impuesta hasta la fecha por vulnerar las reglas de privacidad de la UE, superando la multa de 746 millones a Amazon por las autoridades de Luxemburgo.

La autoridad irlandesa ha concluido que a pesar de que Meta Ireland efectuó esas transferencias sobre la base de cláusulas contractuales estándar (SCC) actualizadas que fueron adoptadas por la Comisión Europea en 2021 junto con medidas complementarias adicionales que implementó Meta Ireland, estos arreglos no abordan los riesgos para los derechos y libertades fundamentales de los interesados identificados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia.

En respuesta a la sanción, desde la multinacional han anunciado que la empresa apelará la sentencia. El presidente de asuntos globales de Meta, Nick Clegg, y Jennifer Newstead, directora legal de la compañía, señalan que la decisión no implica una interrupción inmediata de Facebook en Europa y solicitarán la suspensión de las órdenes por vía judicial.

Aseguran que "existe un conflicto de leyes fundamental entre las reglas del Gobierno de los Estados Unidos sobre el acceso a los datos y los derechos de privacidad europeos, que se espera que los legisladores resuelvan en verano", y alertan de que la decisión sienta un precedente peligroso para las innumerables empresas que transfieren datos entre la UE y los EE.UU, restringiendo la economía global y dejando a los ciudadanos de diferentes países sin poder acceder a muchos servicios compartidos. Por lo tanto, brindar una base legal sólida para la transferencia de datos entre la UE y los EE.UU. ha sido una prioridad política en ambos lados del Atlántico durante muchos años.