En una reciente intervención, Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, defendió la gestión del presidente Carlos Mazón durante la crisis provocada por las inundaciones del pasado 29 de octubre. Camarero señalo que Mazón pasó su tiempo en el Palau de la Generalitat recibiendo llamadas de alcaldes, ya que no contaba con información suficiente para tomar decisiones alternativas.

En un coloquio organizado por 'Artículo 14', la también consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, subrayó que la ausencia de información crítica limitó las acciones que podían haberse llevado a cabo en ese momento. "Si hubiésemos tenido los datos necesarios, nuestra respuesta habría sido diferente, tal como ocurrió en situaciones posteriores", indicó Camarero.

El día de las inundaciones, la dirigente del Partido Popular explicó que los servicios de alerta, junto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, habían emitido advertencias sobre un posible colapso en la presa de la Forata, pero no se alertó sobre los peligros que corría el barranco del pollo.

Respecto al proceso judicial abierto en Catarroja, que investiga la falta de respuesta ante la dana, Camarero aseguró que el futuro político de Mazón no debería estar relacionado con el tema judicial, sino más bien con la tarea de reconstrucción de las áreas afectadas.

En respuesta a los testimonios de la exconsejera Salomé Pradas, la vicepresidenta se mostró confiada y afirmó que su declaración no podría comprometer la situación legal de Mazón. "No estoy preocupada en absoluto", comentó.

Además, Camarero criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por aprovechar políticamente la crisis de la dana, mientras que el Ejecutivo valenciano se encontraba en modos de urgencia y rescate. Según sus palabras, al intentar coordinarse con el Gobierno central, notaron una falta de voluntad, expresando que la frase "si quieres ayuda, pídela" se había transformado en "no te la doy porque prefiero utilizar este drama para obtener beneficios".

La vicepresidenta expresó su frustración por la escasa colaboración con la Administración central, señalando que el proceso de ayudas del Gobierno nacional es considerablemente más lento en comparación con las gestiones realizadas desde Valencia.