Las consecuencias que puedan derivarse de la creación de dichas comisiones preocupan a los togados

MADRID, 14 Dic.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está estudiando la posibilidad de redactar un informe que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer ante las comisiones de investigación parlamentarias recientemente creadas para detectar supuestos casos de 'lawfare', una preocupación constante entre los togados conservadores. Varios vocales del CGPJ han planteado esta opción después de que el Congreso de los Diputados acordara la creación de tres comisiones de investigación para indagar en la llamada 'Operación Cataluña', los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils en 2017, y el presunto espionaje a los independentistas a través del programa 'Pegasus'.

Esta propuesta ha sido bien recibida internamente por el CGPJ, por lo que el órgano de gobierno de los jueces está considerando la posibilidad de elaborar formalmente el informe. Esta cuestión podría ser decidida en un Pleno o acordada directamente por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte. Fuentes del Consejo han confirmado esta información a Europa Press, corroborando la noticia avanzada por 'El Español'.

En cuanto al contenido del informe, se ha explicado que los motivos legales ya han sido recogidos en el escrito enviado por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), Pablo Lucas, al Parlamento catalán, cuando se negó a comparecer ante la comisión de investigación sobre el denominado 'caso Pegasus', ya que era el juez encargado de supervisar al CNI.

El presidente Lucas utilizó el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia". Además, señaló que "cuando se trate de auxilio o cooperación por razón del cargo o de la función jurisdiccional, se prestará sin tardanza, salvo que el acto a ejecutar no esté legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del juez o tribunal". Lucas también mencionó la Ley Orgánica 2/2002, que regula el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, y el artículo 59.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que obliga al personal al servicio de las administraciones catalanas a comparecer, para argumentar que no era su caso.

El origen del problema se encuentra en parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se habla de crear comisiones de investigación cuyas conclusiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que puedan derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad". Esta última parte ha generado preocupación tanto entre los jueces como entre los fiscales que participaron en los casos que podrían verse afectados por la amnistía, lo que llevó a los cuatro fiscales del juicio por el 'procés' a solicitar "amparo institucional" al fiscal general del Estado, Álvaro García State. El asunto será debatido en el próximo Pleno del Consejo Fiscal, el 20 de diciembre.

En cuanto a los jueces y magistrados, la LOPJ establece que tienen responsabilidad penal, civil y disciplinaria por las acciones cometidas en el ejercicio de su cargo. La responsabilidad penal podría traducirse en acusaciones por prevaricación, un delito castigado con hasta 4 años de cárcel. La responsabilidad civil implicaría el resarcimiento de los daños causados, y la responsabilidad disciplinaria podría resultar en sanciones por "exceso o abuso de autoridad". Aunque las comisiones de investigación no pueden actuar directamente contra ellos, ya que deberían remitir los casos a la Fiscalía, al juzgado correspondiente o al propio CGPJ si se aprecian tales responsabilidades, existe cierta preocupación entre los jueces y magistrados sobre cómo podrían desarrollarse los acontecimientos, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.