Los Franco retiran más de 400 bienes del Pazo de Meirás tras fallo judicial
La familia Franco ha comenzado a retirar más de 400 piezas del Pazo de Meirás, en Sada, tras una sentencia judicial que ratificó la propiedad estatal del inmueble. Estas pertenencias, muebles y objetos decorativos, no estaban reclamadas por el Estado y se consideran parte de los bienes que los herederos del dictador intentaron conservar. El proceso judicial concluyó que la finca, desde 1938, ha estado destinada al servicio de la Jefatura del Estado, y no a los herederos, lo que avala su pertenencia al patrimonio público.
El Tribunal Supremo confirmó en una sentencia unánime que el Pazo de Meirás pasó a ser propiedad del Estado en los años 90, tras la finalización del uso administrativo. La resolución desestimó recursos de los familiares del dictador y estableció que, en términos legales, no han sido propietarios del inmueble ni de sus bienes desde entonces. La decisión refuerza la historia del inmueble como símbolo del control estatal durante la dictadura y su posterior recuperación pública.
Este proceso ha generado controversia y críticas sobre la gestión del patrimonio histórico y la protección del legado democrático en Galicia. La Coordinadora pola Recuperación da Memoria Histórica ha calificado la extracción de bienes como un "expolio" y ha señalado la supuesta complicidad del Estado y la pasividad de la Xunta en la defensa de estos bienes. La asociación denuncia que bienes ligados a la etapa del franquismo, incluyendo objetos históricos, están siendo sustraídos sin una adecuada supervisión.
El Gobierno central ha suspendido las visitas al Pazo de Meirás, programadas para estos días, en espera de que se complete el desmontaje y la extracción de los bienes por parte de la familia Franco. La falta de control y supervisión ha sido criticada por diversos actores políticos y sociales, que exigen mayor transparencia y responsabilidades en la gestión del patrimonio público vinculado a la dictadura.
Este caso refleja las tensiones en torno a la recuperación y conservación del patrimonio histórico franquista en España. La futura legislación y las decisiones judiciales seguirán marcando el camino para la protección de estos bienes y la reparación de la memoria democrática. La situación plantea también interrogantes sobre el papel del Estado en la tutela de bienes históricos y la necesidad de una gestión más activa y transparente en el futuro.