En la jornada del 7 de septiembre, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma, expresó su profunda preocupación ante la politización que ha rodeado la reciente dana que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. Valero subrayó que, tras la devastadora tormenta, se agrega una "dana política" que complica la recuperación de las áreas dañadas.

El líder de FENACORE manifestó que tanto el Gobierno central como la Generalitat valenciana han tomado iniciativas para abordar la reconstrucción de las regiones afectadas. Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, lamentó que una "crisis política" ha obstaculizado la necesaria colaboración y lealtad entre las distintas administraciones, lo cual es esencial para llevar a cabo un esfuerzo conjunto en la recuperación.

Valero recalcó que la ciudadanía no desea ver enfrentamientos entre el Gobierno de España y la Generalitat. Lo que la población anhela es ver a ambas administraciones unidas en la búsqueda de soluciones efectivas para superar esta crisis.

En este marco, Valero indicó su intención de solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que se centre en el desarrollo de infraestructuras de riego y obras hidráulicas. No obstante, reconoció que cualquier proyecto relacionado con obras hidráulicas debe seguir un largo proceso de maduración y aprobación, lo que dificulta la urgencia del asunto.

A pesar de estas dificultades, Valero argumentó que la reciente dana presenta una oportunidad para concienciar a la sociedad sobre la vital importancia de las infraestructuras hidráulicas. "Evitar daños y muertes en un fenómeno como este es complicado, pero las obras hidráulicas son una parte integral de la solución", afirmó, añadiendo que la existencia de la presa de Forata ayudó a evitar un mayor número de víctimas y daños materiales.

El presidente de FENACORE destacó que cada año, España sufre pérdidas superiores a los 800 millones de euros debido a inundaciones. Desde el año 2000, los daños por este fenómeno ascienden a 350.000 millones de euros, y Valero enfatizó que toda inversión en obras hidráulicas resulta rentable para el país.

En otro orden de ideas, la vicepresidenta tercera y ministra del área, Sara Aagesen, presentó a finales de mayo un Plan diseñado para mejorar la resiliencia frente a inundaciones en las zonas afectadas por la dana. Este plan cuenta con un presupuesto inicial de 530 millones de euros, el cual se ajustará según las necesidades emergentes durante su ejecución.

Por el momento, el Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto destinar 335 millones de euros para la adaptación y ejecución de nuevos proyectos dirigidos a mejorar la resiliencia en las áreas afectadas, así como 132 millones para iniciativas que ya están en marcha, como el desvío de aguas de Barranco de la Saleta y otras cinco actuaciones en el río Júcar que comenzarán en 2026.

Valero volvió a insistir en la necesidad de que el Gobierno y la Generalitat alcancen un acuerdo, ya que el Ejecutivo posee competencias para llevar a cabo obras públicas, mientras que la Generalitat se ocupa de la ordenación del territorio y de aspectos medioambientales. Según él, la colaboración entre administraciones con diferentes orientaciones políticas garantizaría un enfoque técnico sobre las decisiones, alejando así la influencia de criterios políticos.

En cuanto a la gestión de emergencias, Valero abogó por la modificación de los protocolos y sistemas de aviso ante fenómenos naturales como las danas. También destacó las duras consecuencias de las lluvias torrenciales de octubre de 2024, que devastaron numerosas tierras agrícolas.

Finalmente, propuso que indemnizar a los propietarios de las tierras arrasadas podría resultar más económico mediante la Ley de expropiación forzosa, permitiendo la creación de corredores verdes y otros proyectos que respeten las nuevas dimensiones de los cauces.

Además, Valero hizo un llamado para que los nuevos Planes Hidrológicos para el ciclo 2028-2033 se adhieran a la legislación sobre recursos hídricos, exigiendo que estudios previos sean realizados antes de la aprobación de caudales ecológicos, a fin de valorar su impacto en la seguridad hídrica.

A pesar de reconocer que España es un referente en la gestión del agua, Valero solicitó más recursos humanos y materiales para las confederaciones hidrográficas y una mayor inversión en el mantenimiento de las 1.300 presas del país, así como el compromiso del Gobierno para retomar la construcción de embalses.