En un escándalo que ha sacudido el panorama político español, la exmilitante del PSOE, Leire Díez, compareció el lunes ante el juez encargado de investigar su posible implicación en delitos como el tráfico de influencias y el cohecho. Durante su declaración, confirmando tener dos reuniones con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido, insistió en que tales encuentros fueron en su papel como periodista y negó cualquier relación con la formación política.

Los detalles de su comparecencia revelan que Díez no reconoció los audios que la incriminan, en los cuales supuestamente ofrece favores a cambio de información comprometedora relacionada con altos mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes jurídicas, la exmilitante se ha mantenido firme en su defensa, argumentando que los audios han sido manipulados y que las reuniones en cuestión no tuvieron ningún fin ilícito.

Díez detalló que sus encuentros con Cerdán ocurrieron en 2024, donde asegura haber entregado documentación que ponía al PSOE en una posición de víctima y que dichas interacciones no fueron exclusivas con dicho partido. A pesar de coincidencias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en algunos actos públicos, también se distanció de cualquier vínculo personal o político con él.

Un punto crucial de su declaración giró en torno a los audios que forman parte del caso, donde se señala su conexión con actividades presuntamente delictivas. El juez Arturo Zamarriego manifestó tener indicios de que Díez podría estar liderando una "operativa delictiva" en conjunto con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, quienes también están bajo investigación.

Las pesquisas han surgido luego de varias denuncias que exponen la implicación de Díez en acciones que podrían dañar investigaciones cruciales relacionadas con figuras políticas y empresariales. Los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda han añadido peso al caso al presentar denuncias sobre un presunto intento de soborno vinculado a los hechos. Entre las pruebas, se incluyen grabaciones donde Díez describe una reunión con Stampa en la que se aludía a su rol como "mano derecha" de Cerdán.

En este contexto, Pérez Dolset también intervino, afirmando que existe una presión considerable sobre el sistema judicial para limpiar cualquier indicio de corrupción o manipulación, un mensaje que refuerza las acusaciones de abuso de poder. Los implicados aseguraron que figuras de alta relevancia del Gobierno estaban al tanto de los encuentros y las actividades que se estaban llevando a cabo.