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Política 20 de Septiembre de 2026 · 11:20h 2 min de lectura

Las comunidades de montes vecinales podrán ser reconocidas como víctimas del franquismo

El Gobierno ha confirmado que las comunidades de montes vecinales en mano común, principalmente en Galicia, que fueron intervenidas o expropiadas durante la dictadura franquista, podrán ser reconocidas como víctimas de la represión. La resolución responde a una solicitud del diputado Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego, que indagó sobre la posibilidad de incluirlas en la Ley de Memoria Democrática.

Durante el franquismo, muchas de estas comunidades vieron sus tierras usurpadas por la Administración, en un contexto de represión y saqueos, especialmente en Galicia, donde la importancia de estas comunidades es significativa. La ley actual contempla la reparación moral y la recuperación de la memoria de quienes sufrieron persecución política y económica, incluyendo la confiscación de bienes.

El reconocimiento, además, implicaría que las tierras usurpadas puedan ser declaradas nulas, permitiendo a las comunidades recuperar sus derechos y propiedades. La existencia de un marco legal que pueda anular estos actos facilitaría la reparación y la justicia para muchas comunidades afectadas.

Este reconocimiento forma parte de una tendencia más amplia del Gobierno de España a abordar las heridas abiertas por la dictadura, reconociendo a colectivos y entidades que fueron víctimas de represión. La medida también busca fortalecer la memoria histórica y promover la reparación en ámbitos que hasta ahora no habían sido contemplados formalmente.

El contexto político actual, con un Gobierno que prioriza la ley de memoria y la reparación de víctimas, refuerza la importancia de estas acciones. La inclusión de las comunidades de montes vecinales como víctimas puede abrir la puerta a futuras reparaciones y a una revisión de los actos de confiscación por parte del Estado durante el franquismo, en línea con los principios de justicia y reparación histórica.

De cara al futuro, la decisión del Gobierno podría sentar precedente para otras comunidades y colectivos afectados por la represión franquista. La ampliación del reconocimiento a diferentes actores sociales refleja un compromiso con la justicia y la recuperación de la memoria democrática en España.

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