BRUSELAS, 2 de diciembre. En un giro significativo en la política comercial de la Unión Europea, los representantes del Consejo y del Parlamento han sellado un pacto que condicionará las ventajas arancelarias otorgadas a los países en desarrollo a su colaboración en el control migratorio y la readmisión de ciudadanos que regresan a sus naciones. Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Las conversaciones sobre este tema habían colapsado en 2023 debido a la resistencia de los eurodiputados a vincular los temas migratorios y comerciales. Sin embargo, en esta nueva etapa de negociaciones, se han introducido "exigencias más rigurosas" para activar la propuesta de "condicionalidad de readmisión" que la Comisión Europea sugería en su reforma.

Con esta revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), la UE podrá eliminar las ventajas arancelarias a cualquier país que no cumpla con las obligaciones de readmisión de sus propios ciudadanos, según ha comunicado el Consejo tras el acuerdo alcanzado.

La supervisión de estos compromisos recaerá sobre la Comisión Europea, que podrá actuar de oficio en casos de incumplimiento. Además, estará obligada a mantener informado al Parlamento y al Consejo sobre las decisiones que tomen en este ámbito, garantizando así un nivel de transparencia en el proceso.

Por su parte, el Parlamento ha insistido en la inclusión de "criterios más estrictos" para activar esta condicionalidad, exigiendo un procedimiento de evaluación vinculante que deberá iniciarse al menos doce meses antes de que se implementen medidas concretas.

Además, se establecerá un periodo de transición de dos años desde la implementación de la reforma del SPG antes de que la "condicionalidad de readmisión" sea aplicable a las naciones menos desarrolladas, lo que proporciona un tiempo de adaptación a estos países.

La revisión no solo se centra en el aspecto migratorio, sino que también impondrá requisitos más severos en materia de Derechos Humanos y protección del medio ambiente. Se ampliará la lista de convenios internacionales que los beneficiarios del programa deben respetar y se creará un mecanismo de acción rápida para retirar las preferencias comerciales en caso de incumplimiento.

Este nuevo marco de preferencias comerciales, que aún necesita ser ratificado formalmente por los Estados miembros y la Eurocámara, contempla además una salvaguarda específica para las importaciones de arroz, un producto clave para los productores europeos que se activará si las importaciones superan un umbral fijado.

El mecanismo de salvaguarda establecerá contingentes arancelarios para el arroz, aplicando un arancel de nación más favorecida si las importaciones exceden significativamente el promedio histórico de la UE, con el objetivo de proteger el mercado arrocero europeo de perturbaciones graves. Es importante señalar que este mecanismo no se extenderá a otros productos agrícolas.

Asimismo, el acuerdo introduce medidas de salvaguarda para las importaciones de textiles y etanol vinculadas a los países beneficiarios del SPG y SPG+, aunque estas no se aplicarán a aquellos clasificados bajo la rúbrica 'Todo menos armas' (EBA), que incluyen a las naciones menos desarrolladas.

Finalmente, la revisión también busca establecer "plazos claros" para la evaluación del Ejecutivo comunitario, implementando un mecanismo especial de vigilancia frente a aumentos inesperados en las importaciones. De igual forma, se fortalecerá la capacidad de la UE para intervenir cuando las importaciones agrícolas causen desajustes significativos en el mercado comunitario.